Un fallo judicial obligó a la obra social estatal a cubrir tratamientos médicos tras interrumpir la entrega de medicamentos. El caso sienta un precedente para otros afiliados en situaciones similares.
Un jubilado ex trabajador municipal de Río Grande logró que la Justicia ordenara el embargo de fondos de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) para garantizar el acceso a su medicación, luego de sufrir la interrupción de tratamientos esenciales. El fallo es considerado un antecedente relevante para otros afiliados del sistema público de salud.
Se trata de Guillermo Moreyra, jubilado de la Municipalidad de Río Grande, con más de 50 años de servicio en la provincia y con discapacidad certificada. Según relató, OSEF dejó de proveerle medicamentos para tratar artritis reumatoidea, artrosis múltiple y diabetes, patologías que requieren continuidad terapéutica.
Interrupción del tratamiento
“Hasta hace unos ocho meses me venían dando la medicación regularmente, después no tuve más”, explicó Moreyra en el streaming El Delivery TDF. Ante la falta de respuestas, debió recurrir a la ayuda de conocidos para continuar con el tratamiento. “Conseguí la medicación gratis por un amigo”, señaló, al describir la gravedad de la situación.
Frente a la negativa de la obra social, el jubilado decidió iniciar acciones legales. A través de un estudio jurídico con sede en Capital Federal, presentó un recurso de amparo con embargo contra OSEF, canalizado mediante el Banco de Tierra del Fuego.
Un fallo con impacto
Según explicó Moreyra, la resolución judicial obligó al banco a depositar los fondos en una cuenta judicial, lo que permitió cubrir los costos de su tratamiento. “El banco tuvo que depositar el dinero y así pude acceder a la medicación”, relató.
De acuerdo con sus abogados, el fallo sienta jurisprudencia y podría ser utilizado por otros empleados públicos y afiliados que enfrenten situaciones similares. Moreyra destacó además que su condición de persona con discapacidad, acreditada mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD), permitió una resolución más rápida del amparo.
Críticas a la obra social
El jubilado fue crítico del funcionamiento de OSEF y del manejo de los recursos. “Hay despilfarro de plata y no se tiene en cuenta a los afiliados que aportamos toda la vida”, afirmó, al cuestionar la gestión de la obra social estatal.
Más allá de su caso personal, Moreyra señaló que su intención es difundir el antecedente para que otros afiliados puedan reclamar. “No hay que callarse, hay que reclamar”, sostuvo, y reconoció que el proceso judicial implica costos, aunque consideró que fue “la mejor inversión” que pudo hacer.
El fallo abre un camino legal para que otros afiliados de OSEF exijan el cumplimiento de sus derechos ante situaciones de desprotección en el acceso a la salud.
