La solicitud fue presentada por el fiscal adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, en una causa contra 40 imputados acusados de organizar robos y homicidios desde prisión. Reclamó inhibidores de señal y controles más estrictos.
El fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, pidió a la Justicia que se prohíba de manera absoluta el uso de teléfonos celulares y cualquier dispositivo con acceso a internet en cárceles para un grupo de detenidos acusados de integrar La Banda del Millón. Según la investigación, los imputados coordinaban delitos desde prisión mediante comunicaciones clandestinas.
La presentación alcanza a 40 acusados —entre mayores y menores— señalados por planificar robos violentos y homicidios mientras se encontraban detenidos en distintas unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense. De acuerdo con la fiscalía, los líderes de la organización mantenían contacto permanente con integrantes en libertad, impartiendo órdenes en tiempo real e incluso supervisando golpes a través de videollamadas.
Ferrari definió el mecanismo como “mando remoto”: una modalidad que, sostuvo, permite que jefes criminales continúen ejerciendo control operativo desde el interior de las cárceles. En la causa se incorporaron intervenciones telefónicas y peritajes digitales que, según el Ministerio Público, evidencian el uso de aplicaciones de mensajería, redes sociales y servicios de geolocalización para seleccionar objetivos y coordinar movimientos.
Además de la prohibición total de celulares para los imputados, el fiscal solicitó la instalación de inhibidores de señal en los pabellones, requisas diarias y controles reforzados para evitar el ingreso de dispositivos. También planteó que las comunicaciones se limiten exclusivamente al contacto con defensores oficiales o abogados particulares.
El planteo reabre un debate de larga data en la Provincia de Buenos Aires sobre el uso de teléfonos en contextos de encierro. Mientras sectores judiciales y políticos impulsan restricciones para evitar delitos organizados desde prisión, organismos de derechos humanos advierten que cualquier medida debe garantizar canales formales de comunicación con el exterior.
La decisión final quedará en manos del juez interviniente, que deberá evaluar el alcance de las restricciones solicitadas y su compatibilidad con el régimen legal vigente.
