A dos años de su llegada, Uber transformó la movilidad en RGA, generando adeptos y resistencias. Mientras usuarios celebran su eficiencia, el sector tradicional reclama regulación. La Justicia falló a favor, pero el municipio aún no define una norma clara.
El 5 de julio de 2023 marcó un antes y un después en el transporte de Río Grande. Ese día, Uber desembarcó -también en Ushuaia y Tolhuin-, introduciendo un modelo que rápidamente ganó terreno. Dos años después, la plataforma cuenta con cientos de conductores y una alta demanda, aunque su operación sigue en un limbo legal, sin una regulación municipal definitiva.
Los números reflejan su impacto: más de 700 choferes registrados en la ciudad, con entre 300 y 340 activos diariamente. Un caso emblemático fue el de un conductor que superó los 11.000 viajes en su primer año, demostrando la rápida adopción por parte de los usuarios. Para muchos, Uber no solo significó una alternativa de movilidad más accesible, sino también una fuente laboral flexible, especialmente valorada en un contexto económico complejo.
Sin embargo, su crecimiento no estuvo exento de conflictos. Taxistas y remiseros denunciaron competencia desleal desde el principio, argumentando que la plataforma evade obligaciones impositivas y de seguridad. En diciembre de 2023, la Justicia local dio un espaldarazo a Uber al declarar inconstitucional la ordenanza que la prohibía, anulando multas y exigiendo al Concejo Deliberante una regulación acorde a los nuevos tiempos. Pese a ello, el municipio apeló el fallo, y la discusión legislativa avanza lentamente, dejando al servicio en una zona gris.
Frente a esto, el sector tradicional optó por adaptarse: se estima que el 70% de los taxis y remises de Río Grande ahora utilizan aplicaciones, incluyendo Uber, para no perder mercado. Esta coexistencia forzada evidencia un cambio irreversible en los hábitos de consumo, respaldado por encuestas donde más del 80% de los vecinos aprueban el servicio, destacando su disponibilidad y precios competitivos.
Hoy, Río Grande vive un modelo híbrido. Conductores independientes elogian la autonomía; los taxistas, en cambio, exigen igualdad de condiciones. Mientras tanto, la falta de reglas claras alimenta tensiones y deja en suspenso cuestiones clave como seguros, inspecciones y derechos laborales. El futuro de Uber dependerá de cómo la ciudad legisle este fenómeno, equilibrando innovación, control y equidad. El desafío no es solo regular una app, sino rediseñar un sistema de transporte que concilie tradición y modernidad.
