Tres proyectos fueron presentados recientemente en el Congreso de la Nación con el fin de extender el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. Dos de ellos hasta el 2073, y uno hasta el 2033. Dos en Diputados, y uno en el Senado. Dos de origen fueguino, uno sin firmas de parlamentarios locales.
El primero si bien data de un año atrás, fue reintroducido el 25 de octubre y pelea en comisiones para avanzar. Es el que presentó el diputado Martín Pérez, del Frente Para la Victoria quien busca por un lado la creación del Polo Industrial Científico y Tecnológico de Tierra del Fuego y la extensión del subrégimen industrial hasta el 2073.
En su artículo segundo aclara que el objetivo prioritario del Polo Industrial Científico y Tecnológico de Tierra del Fuego será “el desarrollo de la industria nacional en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en base a la progresiva sustitución de importaciones en el marco del proceso de reindustrialización de la Nación” con el fin de garantizar “desarrollo económico con equidad social, el mantenimiento de las condiciones necesarias para la existencia de un empleo sustentable, así como el incremento de la competitividad genuina agregando valor local”.
También promueve la creación del Consejo del Polo Industrial Científico y Tecnológico de Tierra del Fuego, integrado por 13 miembros de los cuales 5 serán representantes del Gobierno Nacional, uno por el gobierno provincial, uno por las municipalidades de Río Grande y Ushuaia, uno por el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Provincia, dos por los sindicatos de los trabajadores con mayor representatividad, y dos designados por las Cámaras y/o Asociaciones de Empresarios con mayor representatividad.
El Consejo del Polo Industrial Científico y Tecnológico viene de alguna manera a reemplazar el trabajo que realiza actualmente la Comisión del Área Aduanera Especial. Planificar, arbitrar y evaluar las medidas conducentes al cumplimiento de los objetivos de la ley, promoviendo la actuación coordinada del Estado nacional y la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
El proyecto de Pérez crea también el Fondo de Responsabilidad Social Empresaria del Polo Industrial Científico y Tecnológico de Tierra del Fuego que destinará el mismo en un 60% a la realización de viviendas e infraestructura social en la Provincia y un 40% destinado al financiamiento del Centro de Desarrollo Tecnológico.
Otro de los puntos destacables del proyecto establece que las Empresas que gocen de los beneficios establecidos por la Ley 19.640 “deberán garantizar la sustentabilidad del empleo directo e indirecto vinculado al Polo Industrial Científico y Tecnológico” además del aporte al desarrollo de productos y procesos que promuevan la creación de nuevos puestos de trabajo.
El articulo 18 apunta directamente a la extensión del régimen “hasta el 31 de diciembre del año 2073” especificando los derechos y obligaciones acordados en el marco de la Ley Nº 19.640, los Decretos Nros. 479 del 4 de abril de 1995, 490 del 5 de marzo de 2003 y 252 del 7 de abril de 2009 y sus normas complementarias a las empresas industriales radicadas en la Provincia “con proyectos aprobados o en trámite de aprobación a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley”.
El proyecto de Pérez contó en primera instancia con el apoyo de sus compañeros de bancada, entre ellos Matías Rodríguez, Oscar Martínez (MC), Santiago Igon (por Chubut), Máximo Kirchner (por Santa Cruz), entre otros. Fue girado a tres comisiones: Economía y Desarrollo Regional, Presupuesto y Hacienda, e Industria, sin embargo, hasta el momento no ha prosperado el tratamiento en comisiones.
Desde el Senado
El segundo de los proyectos -en orden cronológico- con el fin de extender el régimen de promoción industrial fue introducido en la Cámara Alta. Con la firma de la senadora Miriam Boyadjian, establece en su artículo primero la extensión hasta el 2073 en igual términos que el proyecto anterior.
Agrega la modificación del artículo 32 de la ley 19.640 incorporando al poder Legislativo en la fórmula. Permitiendo que puedan “ejercer, según convenga a un mayor desarrollo económico de las áreas promovidas por la presente ley” las facultades que establece dicho artículo.
En sus fundamentos el proyecto de Boyadjian recuerda que “la promoción de actividades industriales es una de las principales herramientas de políticas públicas” y que permite “modificar las trayectorias tecnológicas de las economías de los países emergentes”.
Insiste en que dicha modificación a la normativa vigente “busca restar discrecionalidad a las decisiones que involucran a la provincia de Tierra del Fuego” e intenta dar un marco de “sostenibilidad en el tiempo, a una norma de la cual depende el futuro provincial”.
“Esta previsibilidad es lo que impulsará el cambio hacia una matriz productiva basada en la auto sustentabilidad y la competencia entendida en su aspecto más amplio” remarca Boyadjian, quien recuerda que “es la incertidumbre de no saber hasta cuándo se puede mantener un determinado beneficio, lo que genera inversiones efímeras” siendo esto lo que determina “un cuadro de estancamiento que limita la potencialidad de surgimiento de nuevas industrias innovadoras que posicionen a la región y a la Nación en contextos internacionales altamente complejos y competitivos”.
De terceros
De vuelta en la Cámara Baja, el 8 de noviembre de este año el último de los proyectos que están hoy en el Congreso buscando la extensión del régimen industrial fueguino tiene dos diferencias sustanciales con los anteriores.
La primera es la extensión, a diferencia de lo que plantea Pérez y Boyadjian, este proyecto promueve la extensión actual de la fecha del sub-régimen industrial solo hasta el 2033. En segundo lugar, un dato no menor, es que el mismo no posee ninguna firma de parlamentarios fueguinos en él.
Si bien los diputados son de la Nación, es decir que están habilitados a plantear proyectos que no tengan que ver con su provincia de origen, es llamativo que de los 8 firmantes ninguno provenga de Tierra del Fuego. Entre ellos se encuentra Diego Bossio por la provincia de Buenos Aires, Cresto Mayda de Entre Ríos, Zottos Andrés de Salta, Alejandro Grandinetti de Santa Fe y el salteño Pablo Kosiner, entre otros.
Al igual que el proyecto de Boyadjian plantea en su primer artículo la extensión hasta “el 31 de diciembre del año 2033 el plazo de vigencia de los derechos y obligaciones acordados en el marco de la Ley Nº 19.640” junto a los decretos y normas complementarias, para las empresas industriales radicadas en la Provincia con proyectos vigentes a la fecha.
El artículo segundo innova en el planteo hacia el Poder Ejecutivo Nacional que deberá implementará un esquema de ingreso de nuevos productos al Régimen de promoción, “que complementen la producción de bienes que se realicen en el país”.
Agrega que tanto el Poder Ejecutivo Nacional en conjunto con la Provincia van a fijar los objetivos de mejora de la productividad que debe cumplir la Industria que se desarrolla al amparo del Régimen. Y que “de alcanzarse los objetivos propuestos, el Poder Ejecutivo Nacional prorrogará el plazo de vigencia establecido en el artículo precedente por el término de diez (10) años”.
En sus fundamentos recuerda que en el año 94 el Concejo del Mercado Común estableció la aplicación del arancel nacional vigente, “a las mercaderías provenientes de zonas francas comerciales, de zonas francas industriales, de zonas de procesamiento de exportaciones y de áreas aduaneras especiales”, lo que estableció, para las Áreas Aduaneras Especiales de Manaos (Brasil) y la Tierra del Fuego, “constituidas en razón de su particular situación geográfica” agrega; un plazo común de vigencia hasta el año 2013, para funcionar bajo el régimen entonces vigente.
Los plazos fueron prorrogados primero hasta el 2023 en forma equitativa, pero hoy Manaos llevó la extensión del régimen hasta el año 2073, por lo que agrega que “la falta de un marco normativo de continuidad del régimen de la Provincia de Tierra del Fuego puede producir un impacto negativo sustancial en las inversiones y la actividad productiva desarrollada en la Provincia”.
Insiste en que “una gran disparidad entre ambos regímenes podría incluso propiciar el traslado de empresas radicadas Tierra del Fuego aún antes del vencimiento del plazo actualmente establecido para su actividad productiva en esa jurisdicción” generando la disminución de la actividad productiva en la provincia que redundaría en un incremento de las importaciones al Territorio Nacional Continental de bienes provenientes de la Brasil u otros países, “con el consiguiente impacto negativo para la economía nacional y en la economía regional en su impacto directo en el empleo”.
El proyecto plantea la extensión del subrégimen por el término de 10 años y proponer que el Ejecutivo “trace un camino de reconversión industrial y al mismo tiempo fije, en conjunto, con la Provincia de Tierra del Fuego claros objetivos de inversión, precios y mejoras de la productividad para que el régimen promocional cumpla con el objetivo para el que fue creado”.
Si bien el proyecto contó con el asesoramiento del Ministerio de Industria de la provincia, e incluso la gobernadora Bertone acompañó la presentación del mismo, fuentes de dicho ministerio aseguraron a Tiempo Fueguino que la recomendación en la extensión del régimen es hasta el 2073 tal como presentan los otros dos proyectos.
Este proyecto debe ser tratado en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Economías y Desarrollo Local.
Al igual que los demás proyectos todavía se encuentran en una etapa inicial por lo que resta todavía esperar que puedan tener un tratamiento favorable tanto en la Cámara Baja como en el Senado antes de materializarse.
