Gran parte del territorio argentino está ocupado por el mar, sin embargo muy poco de este espacio está protegido. Un grupo de once organizaciones de la sociedad civil de nuestro país, unidas bajo el lema “Sin Azul No Hay Verde”, han solicitado al Gobierno su pronta intervención para crear dos nuevas áreas marinas protegidas en aguas abiertas. Paralelamente, presentaron un proyecto de ley en el Congreso de la Nación que, de ser aprobado, permitirá la creación de los dos primeros Parques Nacionales Marinos.
Las áreas marinas protegidas (“Parques Nacionales Marinos” y otras figuras legales) ayudan a conservar en el largo plazo las formas de vida marina, los recursos naturales y los servicios que provienen del mar. Argentina es parte de convenios internacionales de las Naciones Unidas que la comprometen a proteger al menos 10% de la superficie marina para el año 2020.
Nuestro mar es de los más productivos del planeta. En él hay más de 700 especies de vertebrados, más de 900 especies de moluscos, más de 1400 especies de organismos, más de un millón de parejas de pingüinos, concentra el 75% de la población mundial de albatros ceja negra, tiene grandes mamíferos y cetáceos y 5 de las siete especies de tortugas marinas que existen en el mundo.
El Argumento más fuerte para crear estos parques nacionales marinos en el Mar Argentino es que actualmente en estas zonas hay más de 63 especies amenazadas: pingüinos de Magallanes, pingüinos penacho amarillo, 43 especies de tiburones y rayas, 5 especies de tortugas marinas, el 25% de las aves marinas de la región, algunas especies de delfines y tantas otras especies que se encuentran amenazadas de extinción en la escala mundial.
La Argentina vive de lo que se pesca en el mar. Se exporta 41% más de productos del mar, que de carne. Pero esa economía, depende directamente de la salud de las poblaciones de nuestras especies comerciales. Muchas especies están en permanente riesgo de colapsar al no tener protegidas áreas de reproducción. La conservación de zonas marítimas protegidas está estrechamente ligada a la sustentación a largo plazo de la pesca comercial.
Otro factor a tener en cuenta es que el turismo de naturaleza en ambientes costero-marinos del país impactará positivamente en la economía local. En 2009, en Puerto Madryn-Chubut (la “capital de la ballena franca austral”), el turismo generó 222 millones de pesos y hubo más de 3200 personas ocupadas en industrias turísticas, representando casi 10% del empleo total de la ciudad. Así también, las nuevas áreas protegidas fomentaran la investigación científica y afianzaran la soberanía nacional. Se estima que aún quedan aproximadamente 40% de especies marinas por descubrir.
A la luz de la reciente aprobación por Naciones Unidas de la extensión del límite exterior de la plataforma continental argentina (se ratificó el derecho de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo en más de 1.782.000 km2 de plataforma continental argentina más allá de las 200 millas marinas), se plantean nuevos desafíos técnicos, políticos y económicos en torno al uso y protección de los recursos del lecho y subsuelo de la plataforma continental ampliada, en especial sobre minerales, hidrocarburos y especies sedentarias (langosta, mejillones, vieiras, etc.).
El proyecto de Ley que declara a Yaganes y Namuncurá – Banco Burdwood II, como los primeros Parques Nacionales Marinos del país está en el Congreso. Los mismos están en línea con la tendencia mundial al proteccionismo de zonas amenazadas por la actividad humana. Los países más adelantados en materia de conservación marina son Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y algunos pequeños países de islas del Pacífico, como Palau. En América del sur hay áreas protegidas famosas como Galápagos y Fernando de Noronha. Además, recientemente Chile hizo grandes progresos en la declaración de grandes áreas protegidas aunque todavía le falta trabajar mucho para implementarlas.
La pesca y otras actividades extractivas en todas sus formas no estarían permitidas dentro de algunas zonas y las únicas actividades económicas permitidas serían aquellas relacionadas con el turismo sustentable. En otras, las actividades económicas como la pesca comercial quedarán supeditadas a un plan de manejo participativo bajo un modelo de aprovechamiento sustentable de los recursos.
Una vez declaradas legalmente las nuevas áreas marinas protegidas, será necesario realizar los planes de manejo de cada una y pasar a la fase de implementación. Se requiere la firma de protocolos entre las autoridades intervinientes (por ejemplo, entre Parques Nacionales y las autoridades de Pesca o la Prefectura Naval). Va a ser necesario incorporar personal especializado, la realización de campañas científicas, la puesta a punto de sistemas de monitoreo satelital y el patrullaje marítimo y aéreo. Se ha estimado en otros países que el costo de gestionar correctamente áreas marinas protegidas es superior a los cinco dólares por hectárea por año.
