Gastón Lodos.- El 24 de enero de 2021 el gobierno nacional puso en vigencia la ley N° 27.610 -Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo- cuyo texto dice con toda claridad que “tiene por objeto regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto”. Tierra del Fuego es ejemplo de cómo se puede frenar en el territorio el ejercicio pleno de una ley.
En agosto del año pasado, la organización Amnistía Internacional publicó un comunicado en el que “manifiesta preocupación por los obstáculos en el acceso al aborto en Tierra del Fuego”.
“El Hospital Regional, que es el único de la ciudad donde podría realizarse la práctica, no garantiza este derecho, avalado por la ley 27.610, y en cambio deriva sistemáticamente a las personas a un consultorio de atención primaria”, planteó en aquel entonces Amnistía.
“En los casos en que las mujeres requieren internación para acceder a la interrupción voluntaria y legal del embarazo deben trasladarse más de 200 kilómetros hasta Ushuaia, único hospital de la provincia que garantiza la práctica”, expresó la ONG.
Sancionar una ley -y sobre todo una de este tipo- no es tarea fácil, se requieren de grandes consensos que no se producen mágicamente. La cosa se pone más complicada aún cuando hay libertad de acción intra partidos; ya que los debates se dan también puertas adentro de las fuerzas.
Pero una vez sancionada, celebrada y promulgada; la aplicación de las normas requiere decisión política.
Tierra del Fuego (y particularmente Río Grande) no garantiza la plena ejecución de la ley IVE y su par ILE -que desde hace 10 años permite el acceso al aborto en caso de una violación o en peligro de vida o de salud de la persona gestante-.
En diálogo con Nacional Ushuaia, la ministra de Salud de la provincia, Judith Di Giglio confirmó que “si bien Río Grande cuenta con poder realizar el procedimiento hasta la semana 12, las dificultades se presentan luego de esa semana, cuando la paciente debe trasladarse a la ciudad de Ushuaia”.
En la nota, Di Giglio afirmó que Tierra del Fuego tiene abierta la convocatoria a profesionales de la ginecología que no sean objetores de conciencia pero que hasta la fecha nadie se anotó.
La titular de la cartera sanitaria explicó que, en un semestre, fueron doce las personas que tuvieron que ser trasladadas a Ushuaia producto de la falta de atención en Río Grande.
Habitualmente las cosas no suelen ser tan sencillas y lineales. En ese proceso de derivación, pacientes que solicitan una interrupción del embarazo ven demoras en el procesamiento de su caso, a veces de hasta semanas, lo que para este tipo de intervenciones es sumamente contraproducente.
Conceptos como “decisión política” suelen perderse en la debilidad de lo abstracto. Sin embargo, bajados a la tierra, logra entenderse qué pasa cuando están ausentes en algún aspecto de la gestión.
En la misma radio, pero unos días después, quien prestó testimonio fue Paula Cortés, integrante de la organización La Hoguera, agrupación conocida por su militancia en favor de la ley del Aborto y el trabajo de acompañamiento a personas que necesitan llevar adelante la práctica.
En diálogo con Luz Scarpati, Cortés relató que por decisión del Ministerio de Salud, los consultorios interdisciplinarios para interrumpir el embarazo se encuentran en los Centros de Salud y no en los Hospitales Regionales; lo que para la organización no es un dato menor; ya que, en sus palabras, deberían funcionar en los nosocomios.
“En Río Grande todo el personal de hospital es objetor de conciencia. En marzo de este año renunció el equipo psicosocial del consultorio de Río Grande por falta de diálogo con el Ministerio”, relató en Nacional Ushuaia Paula Cortés.
“Lo que pasa en Río Grande genera un efecto dominó en el consultorio de Ushuaia. Hay una saturación del sistema y una situación de hostigamiento a los únicos tres ginecólogos que hacen la práctica en toda la provincia”, explicó la militante feminista, que agregó: “Ambos consultorios están al borde del colapso, saturados y con falta de profesionales”.
En este caso puede verse cómo está en proceso una dinámica de época de particular diálogo entre la dirigencia y la ciudadanía. Los electorados son testigos de cómo los hombres y las mujeres de Estado brindan puntillosos diagnósticos de la realidad; pero no mucho más.
El contrato social democrático implica depositar la responsabilidad de cambiar la realidad en un grupo de personas más o menos capacitadas para eso. Si los problemas no son resueltos por quienes administran la cosa pública ¿quién los va a resolver?
“Obviamente que es muy importante el llamado a nuevos profesionales y lo celebramos. Pero no alcanza con eso, no nos parece una respuesta activa estar esperando que aparezca un profesional no objetor para dar solución. Es necesario que se trabaje en el territorio con profesionales que o ya están garantizando la práctica o que lo hacían y se sintieron expulsados del sistema”, resumió Paula Cortés, sobre la acción del Ministerio de Salud; a lo que le sumó la falta de difusión informativa por parte de la cartera que conduce Di Giglio.
