Gastón Lodos.- Hace un tiempo, el gobierno provincial se encaminó a definir aumentos para los planes sociales que se entregan desde el Estado local. En esa línea, salieron a la luz una serie de irregularidades que dieron que hablar.

Para clarificar cómo está esquematizada la ayuda estatal en Tierra del Fuego, en diálogo con Fm Masters, Marcelo Maciel -Ministro de Desarrollo Humano- explicó que a través de su oficina la asistencia se divide en tres programas de emergencia: Red sol, Cuidemos la Mesa Fueguina y los módulos alimentarios.

En total, son más de 16.000 los y las ciudadanas fueguinas que acceden a algún programa. En el camino de programar los aumentos, a la hora de entrecruzar datos, el Ministerio encontró que hay 4.276 personas dentro de Red Sol y 2.576 de Mesa Fueguina que estaban cobrando estos programas y no debían hacerlo.

Lo más llamativo de la situación es que, dentro de ese universo en el que también hay personas fallecidas, a través de datos cruzados con AFIP y ANSES se demostró que hay beneficiarios de planes sociales que tienen trabajo en relación de dependencia y cobran de $50.000 para arriba.

Si llevamos a porcentajes la cantidad de beneficiarios no correspondidos, estamos hablando de más del 40% del total. Y la pregunta es ¿desde hace cuánto cobran aquellos que ya tienen un trabajo estable?

Difícil saberlo con seguridad. “Los sistemas que se manejan no son tan específicos como para poder marcar esas situaciones. Van marcando la información actual. Cuando uno hace el cruce de datos, da la información de ese sujeto al día de hoy. No podemos definir desde hace cuánto tiempo se está en situación de dependencia laboral”, afirmó el Ministro de Desarrollo Humano.

Dicho lo anterior, se supo de pagos sin actualización de datos de 2019 -año no pandémico-, 2020 y 2021.

El asunto es que, a la hora de acceder al programa, las personas firman un acuerdo donde dice que cada seis meses tienen que renovar su documentación y volver a ser evaluadas en cada caso.

El gobierno provincial dejó por fuera la especulación en torno a malas prácticas y analizó que la falta de presencialidad en la atención del Ministerio provocó la imposibilidad de que la gente pueda acercarse a actualizar sus datos. En el mientras tanto, se siguió pagando.

“Comprendemos que se ha hecho muy difícil esa actualización”, afirmó Maciel.

¿Corresponden sanciones?

Por ahora, desde el Desarrollo Humano no se contempla esa posibilidad.

“En principio comenzamos a trabajar con el ordenamiento de Red Sol para poder otorgar los aumentos. No hemos tomado actualmente ninguna decisión de otorgar sanciones o prohibiciones de volver a recibir el beneficio”, declaró Maciel, aunque aclaró: “Tendríamos que revisar con nuestras áreas de Legal y Técnica para ver si corresponde una sanción.”

Además, en función del sano beneficio de la duda, en el proceso de dar de baja las pensiones mal pagas, los beneficiarios tendrán un tiempo de descargo.

Cambios en el sistema

Cómo nadie se dio cuenta antes es otra idea que surge de esta historia. De las declaraciones vertidas por el ministro, se desprende que el sistema de actualización de datos -cada seis meses- corre por cuenta del beneficiario.

En un estado de situación normal (o pre-pandémico) si el beneficiario no se acerca pasado ese período de tiempo se le cancela el subsidio, pensado para un contexto de emergencia.

Ahora bien, esos programas de emergencia sufrieron un alto grado de distorsión, paradójicamente durante la mayor emergencia sanitaria de los últimos 100 años.

Por lo tanto, es inevitable reflexionar acerca de la necesidad de aceitar ciertos mecanismos. La asistencia no termina siendo efectiva cuando más se la necesita – en este caso, con beneficiarios cobrando un dinero que no les hace falta- y uno de los roles primarios del Estado es el de acortar brechas socioeconómicas. Eso puede lograrse sólo a través de la eficiencia de todos sus recursos.

En relación al sistema de actualización, el Ministro no dio muchas precisiones: “Aunque todo está en proceso, la normativa se va a renovar conforme a algunos proyectos que estamos trabajando de cumplimiento de los beneficiarios.”

“Van a haber pautas de cumplimiento para los beneficiarios. Si tuvieran niños, pautas de salud y escolaridad. Así como también participación en capacitaciones del gobierno a través de la secretaría de empleo”, explicó Maciel.

¿Qué pasa con las pensiones RUPE?

Otro eje de polémica que rodea al Ministerio de Desarrollo Humano es la actualización de las pensiones por discapacidad. “Nos siguen llegando casos de personas con discapacidad que esperan su pensión, con todos los plazos que establece la ley vencidos”, afirmaron hace unos días desde la Comisión de Discapacidad de la CTA Autónoma.

Aproximadamente, son 200 las pensiones por discapacidad que están siendo pedidas, según la organización sindical, “de manera reiterada ante distintos funcionarios”.

“En Casa de Gobierno siempre nos dan respuestas economicistas y burocráticas, mientras que hay familias que ven vulnerado este derecho en un contexto inflacionario y de desocupación”, comunicaron.

Respecto a esto, Maciel señaló a la Legislatura provincial: “Ya hemos tenido reuniones con el Ministro de Finanzas, Zapata García, y con el gobernador Melella para otorgar las pensiones que están en espera, pero para eso necesitamos una ampliación del presupuesto.”

Sin embargo, los y las beneficiarias de las pensiones RUPE y sus familias contradicen este argumento en varias oportunidades: “Hay suficiente jurisprudencia que establece que la falta de partida presupuestaria no exime al gobierno de esta responsabilidad”.

Párrafo final para señalar un hecho no menor: tanto los datos como el estado de situación respecto a las distorsiones narradas en este artículo, fueron brindados por el propio ministro de Desarrollo Humano, que asumió en diciembre; luego de una larga vacancia en el cargo.