El legislador Jorge Lechman de Somos Fueguinos cuestionó que la reforma a la Ley 1355 haya sido impulsada sin evaluaciones de impacto ambiental, sin presentaciones de inversores y sin información técnica verificable. Ratificó su voto negativo y afirmó que no acompañará una iniciativa sin sustento científico, para evitar decisiones que puedan perjudicar a los fueguinos y a las generaciones futuras. La sesión prevista para este miércoles finalmente fue suspendida por medidas gremiales y todavía no hay fecha de una nueva convocatoria.
El parlamentario confirmó en declaraciones a Radio Provincia que no acompañará el proyecto de modificación de la Ley 1355 que habilitaría el desarrollo de salmoneras en aguas fueguinas. Señaló que la iniciativa llegó al recinto sin la documentación mínima necesaria y sin el análisis técnico que demanda una reforma con potencial incidencia productiva y ambiental.
El parlamentario remarcó que el proyecto “ingresó por la ventana”, sin audiencias técnicas, sin presencia de inversores ante las comisiones y sin estudios de impacto ambiental concluyentes. Afirmó que esas omisiones debilitan el proceso legislativo y no permiten evaluar de manera responsable los riesgos y beneficios.
En esa línea, indicó que dentro de la Legislatura persisten interpretaciones divididas sobre la regularidad del trámite:
“La mitad de la biblioteca dice que fue irregular y la otra mitad dice que fue conforme al reglamento”, sostuvo.
El parlamentario insistió en que no cuenta con información verificable sobre inversiones reales, generación de empleo o medidas de mitigación ambiental. Subrayó que esos elementos son indispensables para un debate legislativo serio
Aclaró que no rechaza la discusión sobre nuevas actividades productivas, pero advirtió que en este caso “falta la otra pata”: documentación clara que permita medir impactos, beneficios y posibles pasivos ambientales.
Sobre los argumentos vinculados al empleo, el parlamentario planteó que cualquier proyección debe estar respaldada por datos concretos. Señaló que los beneficios económicos potenciales no pueden analizarse sin considerar su impacto ambiental y que la provincia debe priorizar un análisis integral antes de avanzar con actividades de alto impacto en el ecosistema marítimo, para evitar decisiones que puedan perjudicar a los fueguinos y a las generaciones futuras.
