El Gobierno necesita asegurar los votos en el Senado y reabre la negociación con las provincias, que advierten por el impacto fiscal del proyecto. Ganancias y coparticipación, en el centro de la pulseada política.
Diego Santilli inició una nueva gira por las provincias con una misión delicada: contener el malestar de los gobernadores por el impacto fiscal de la reforma laboral y evitar que esa tensión derive en un revés político para el Gobierno en el Senado. Aunque el proyecto ya cuenta con dictamen, en la Casa Rosada reconocen que los votos todavía no están garantizados y que el frente provincial se convirtió en el principal foco de negociación.
El ministro del Interior arrancó su recorrido en Chubut, donde se reunió con el gobernador Ignacio Torres, y tiene previsto continuar por una decena de provincias gobernadas por mandatarios dialoguistas. El objetivo es llegar a las sesiones extraordinarias de febrero con acuerdos cerrados y evitar que las diferencias se trasladen al recinto.
El núcleo del conflicto pasa por las cuentas provinciales. Gobernadores de distintos signos políticos expresaron reparos por los cambios vinculados al impuesto a las Ganancias y por el posible impacto negativo sobre la coparticipación. En privado, varios advierten que el Gobierno nacional avanza con reformas estructurales sin ofrecer garantías de compensación para las provincias.
Ese escenario obligó a Santilli a reactivar el diálogo político cara a cara. En el entorno del ministro admiten que el apoyo de los gobernadores no está roto, pero sí condicionado. “Hay voluntad de acompañar, pero nadie quiere absorber el costo fiscal”, resumió un funcionario al tanto de las conversaciones.
La situación expone una interna silenciosa entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales, que hasta ahora habían sido socios clave para la aprobación de otras iniciativas oficiales. Algunos gobernadores temen que la reforma laboral, sumada a los recortes en transferencias y a la eliminación de fondos específicos, termine reduciendo su margen de gestión en un contexto económico sensible.
Frente a ese cuadro, el Gobierno dejó trascender que no descarta introducir cambios en el texto del proyecto para facilitar acuerdos. Sin embargo, esa posibilidad genera tensiones dentro del oficialismo más duro, que presiona para no ceder en puntos centrales del programa económico.
Mientras tanto, la CGT y sectores de la oposición siguen de cerca la negociación con las provincias y apuestan a que las diferencias fiscales erosionen el respaldo político a la reforma. En un Senado donde La Libertad Avanza no tiene mayoría propia, cada gobernador cuenta: su influencia sobre los bloques provinciales puede definir el desenlace.
Más que una gira institucional, el recorrido de Santilli funciona como un termómetro del vínculo entre el Gobierno y las provincias. De su resultado dependerá no solo el futuro de la reforma laboral, sino también la estabilidad de una alianza política que empieza a mostrar señales de desgaste.
