La Cámara de Casación rechazó los planteos para mover la sede y confirmó que el debate por la muerte de los 44 tripulantes en la tragedia del ARA San Juan, se hará en la capital santacruceña, Río Gallegos.
La Justicia federal ratificó de manera definitiva que el debate oral por la desaparición y posterior hundimiento del submarino ARA San Juan se desarrollará en la provincia de Santa Cruz, cerrando una disputa sobre la sede del proceso.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal desestimó ayer, por mayoría, los recursos de impugnación presentados por el Ministerio Público Fiscal y por una de las defensas, que pretendían trasladar la causa a Mar del Plata o a Buenos Aires.
De este modo, se consolida la competencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal con asiento en Río Gallegos, el mismo órgano que intervino en la etapa investigativa y que ahora deberá dirimir las responsabilidades penales de los cuatro imputados.
La decisión contó con los votos concurrentes de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, quienes fundamentaron su postura en la necesidad de garantizar una administración de justicia eficiente y sin dilaciones.
En su argumentación, Hornos señaló que, ante la imposibilidad de determinar con precisión el lugar exacto de los hechos -acaecidos en aguas internacionales-, la ley establece una regla subsidiaria que otorga competencia al tribunal que previno en la causa. “La tragedia radica en que, tristemente, el Submarino ARA San Juan no arribó a puerto alguno”, expuso el magistrado, añadiendo que desestimar la sede actual podría generar demoras injustificadas.
Borinsky, por su parte, enfatizó que la causa tramitó en su totalidad en Santa Cruz y que allí se instruyó la mayoría de la prueba, por lo que mantener la jurisdicción asegura la mejor y más pronta resolución.
En un voto en disidencia, el juez Javier Carbajo postuló que la competencia debía corresponder al Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, por ser la ciudad de donde zarpó la embarcación, su base natural, el puerto de destino y el sitio desde donde se emitieron las últimas órdenes operativas. Sostuvo que el hundimiento ocurrió fuera de la jurisdicción santacruceña, más allá de las doscientas millas náuticas.
La querella, representada por Luis Tagliapietra -padre de uno de los cuarenta y cuatro tripulantes fallecidos-, junto con las defensas de los ex comandantes Luis Enrique López Mazzeo y Claudio Villamide y el fiscal Julio Zárate, habían cuestionado la competencia de Santa Cruz. Alegaban que los hechos no ocurrieron dentro de ese distrito y que la sede en Río Gallegos complicaría la logística para los familiares de las víctimas, muchos residentes en la provincia de Buenos Aires.
Frente a esta postura, la Defensa Pública Oficial de los demás imputados y la representación de un grupo de familiares se opusieron al cambio, resaltando que el tribunal de Santa Cruz está en condiciones de avanzar sin más trámites hacia el debate oral.
Con este fallo, el máximo tribunal penal del país zanjó la cuestión y el proceso se encamina hacia su etapa definitiva.
