El diputado de La Libertad Avanza afirmó que los recursos del Puerto de Ushuaia se depositaban en una cuenta de rentas generales, sin una cuenta específica como exige la ley, lo que —según sostuvo— impidió la trazabilidad de los fondos, con registros de cheques emitidos, préstamos a otros organismos y movimientos que no quedaron debidamente identificados.
Auditoría y detección de irregularidades
El diputado nacional de La Libertad Avanza, Miguel Rodríguez, defendió la intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el Gobierno nacional y aseguró que la medida se adoptó luego de una auditoría iniciada tras una denuncia de trabajadores del sector.
Según afirmó, el relevamiento incluyó la participación de ingenieros y contadores enviados por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. “Se auditó el puerto, no solo ingenieros sino también contadores, y ahí se detectaron varias irregularidades”, sostuvo en declaraciones radiales.
Compromisos incumplidos y falencias reconocidas
Rodríguez señaló que existía un reconocimiento previo de las falencias estructurales y administrativas del puerto, pero que los compromisos asumidos por las autoridades provinciales no se habrían cumplido. En ese sentido, afirmó que el entonces presidente de la Dirección Provincial de Puertos fue convocado en reiteradas oportunidades a reuniones en Buenos Aires.
“Decía que se comprometía a empezar a reparar las falencias, pero en la práctica no se hacía”, expresó el legislador en referencia a Roberto Murcia.
Fondos sin cuenta específica y falta de trazabilidad
Uno de los principales señalamientos realizados por el diputado fue la ausencia de una cuenta específica para los recursos portuarios. Según afirmó, los fondos “iban a una cuenta de rentas generales del gobierno de la provincia”, lo que —a su entender— implicó un incumplimiento de la normativa vigente.
“Los fondos del puerto son del puerto, así lo dice la ley”, sostuvo, y aseguró que esta operatoria impidió la trazabilidad de los recursos. En ese marco, indicó que durante el relevamiento “se registraron préstamos a otros organismos, cheques emitidos y cheques que deberían haber ingresado”, sin que quedara debidamente identificada la operatoria.
Rodríguez afirmó además que la falta de una administración diferenciada de los fondos fue uno de los elementos centrales que motivaron la intervención, al considerar que no existían mecanismos claros para garantizar el destino específico de los recursos generados por la actividad portuaria.
