Es importante destacar que la deuda de coparticipación que el Gobierno de la Provincia mantiene con la Municipalidad de Río Grande, en un año, creció un 125%. Actualmente se adeuda el 60% de enero y el 100% de febrero.
Cuando inició la gestión Martín Perez, el monto de la misma correspondía a $200 millones. Hoy, es de $450 millones.
El secretario de Finanzas Públicas, Diego López, explicó que “entre lo que el Gobierno transfirió a la fecha y lo que correspondía transferir, hay una diferencia de $450 millones. No alcanza con transferir parciales los martes y viernes, sino que necesitamos que nos paguen los $450 millones adeudados”.
Para visibilizar el perjuicio que esta deuda genera a la Municipalidad, el funcionario detalló que $450 millones equivalen al pago de 2 meses de sueldo del personal municipal; al 100% del presupuesto anual del Concejo Deliberante; a la construcción de 15 centros de salud; a 100 cuadras de pavimento.
López manifestó que “no podemos seguir dependiendo del residuo financiero, hay que terminar con este ahogo hacia la ciudad”. Por ello, agregó que “necesitamos esos fondos para seguir construyendo la Río Grande que todos deseamos”.
Asimismo, comentó que “la información oficial del Gobierno Provincial intenta confundir a los vecinos de la ciudad”; de manera que afirmó que “hoy el Gobierno se está financiando con recursos que le corresponden a los vecinos y vecinas de Río Grande”.
El Secretario de Finanzas Públicas recordó que “cuando ellos estuvieron a cargo de la intendencia de nuestra ciudad siempre fueron enfáticos ante la deuda de coparticipacion del Gobierno de la Provincia y, en el momento que les tocó la responsabilidad de conducir la Provincia, no solo sostuvieron el mismo ahogo financiero, sino que lo han profundizado”.
Finalmente, señaló que “el intendente Martín Perez siempre mantuvo la voluntad de diálogo desde el inicio de su gestión, pero la respuesta del Gobierno de la Provincia siempre fue la misma: Más atraso y más ahogo financiero. Luego de 8 años de gestión municipal, los funcionarios de la Provincia conocen el perjuicio financiero que provoca el atraso de coparticipación”.
