El viernes último la Legislatura provincial convirtió en Ley la obligatoriedad de hacer análisis de adicciones a funcionarios electos o designados. Si bien los Municipios puede adherir a la norma, en Río Grande el Concejal Paulino Rossi impulsa desde hace tiempo un proyecto de su autoría que aún no cuenta con el consenso necesario.
El concejal radical, Paulino Rossi, reflexionó sobre la decisión adoptada por la Legislatura la semana pasada que resolvió la aprobación de una iniciativa que plantea la realización de una rinoscopia anual por parte de los funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo, dejando la posibilidad abierta para su ampliación al Poder Judicial, Órganos de Contralor y Municipios.
De esta manera el edil de la UCR volvió a reflotar su iniciativa y tras felicitar a la Legislatura «y, puntualmente, al legislador Furlan, por llevar adelante esta iniciativa” señaló que el hecho “nos pone muy contentos» entendiendo que «es un gran paso para combatir en la lucha contra el narcotráfico y establecer nuevos estándares éticos al momento de querer ser funcionarios”.
Rossi explicó que el objetivo es “garantizar que no haya personas con adicciones en los casos de responsabilidad es algo muy positivo –continuó Rossi- y, ahora como lo implementó el Gobierno Provincial, a través de la Legislatura, esperemos que el proyecto que nosotros presentamos; que es muy similar, podamos aprobarlo en la próxima Sesión”, con lo cual buscará que sus pares acompañen una iniciativa que por el momento no logró el consenso necesario para ser aprobada.
De esta manera, lo que se busca es “garantizar a todos los vecinos de la ciudad que ningún funcionario municipal va a tener dependencia a alguna sustancia prohibida y, en el caso que se detecte, se va a suspender del cargo, pero también se le va a dar la posibilidad de llevar adelante un tratamiento de rehabilitación” explicó el concejal.
La propuesta de Rossi busca alcanzar a “funcionarios políticos, sean estos electos o designados, del Departamento Ejecutivo Municipal, Juzgado Administrativo de Faltas y Tribunal de Cuentas Municipal”. Incluso se solicita que los potenciales candidatos a cargos públicos estén alcanzados por la norma en caso de ser aprobada ya que según Rossi «sería una inconsistencia que si resulta electo y demuestra en los análisis que tiene dependencia a las drogas».
Además de “establecer fehacientemente problemas de adicciones a drogas prohibidas” en la propuesta también se establece la obligatoriedad de que se efectúen análisis psiquiátricos; rinoscopia y orina Completo. Y en los casos en que se detecte un “deterioro adictivo”, el funcionario sea “separado del cargo, hasta tanto se realice los tratamientos de rehabilitación recomendados por profesionales intervinientes y obtenga el alta médico”.
Los estudios, en caso de que se apruebe el proyecto, deberán ser presentados a 30 días contados a partir del nombramiento del funcionario y tendrán que ser revalidados cada año.
El edil explicó además que la norma no busca marginar a nadie de ejercer la función pública sino que «el espíritu de esto también es la rehabilitación de la persona» entendiendo que es necesario «hablar de requisitos éticos y morales para el ejercicio de la función pública y una persona que tiene dependencia a las adicciones no está apta para ejercer esa función» ya que «uno de los flagelos que tenemos hoy en la sociedad es la adicción a las drogas».
Además Rossi comparó el hecho con lo que sucede con «un jugar de fútbol que se lo suspende por uno o dos años cuando el análisis antidoping le resulta positivo», y «sin embargo los que somos funcionarios públicos o electos por el pueblo comenzamos a poner reparos, es decir a un deportista le imponemos parámetros más altos que a los funcionarios públicos», lamentó.
