Mientras el Gobierno busca aprobar el Presupuesto 2026 para ordenar las cuentas nacionales, los gobernadores condicionan su respaldo a la incorporación de fondos, obras y deudas pendientes. Cuáles son los pedidos clave y qué puede destrabar el apoyo en el Congreso.
El Gobierno nacional avanza en la búsqueda de consensos para aprobar el Presupuesto 2026, el primero que la administración de Javier Milei intenta sancionar desde su llegada al poder. Tras dos años sin una ley de gastos votada por el Congreso, el oficialismo apuesta a que el nuevo texto permita ordenar las prioridades fiscales y sentar un marco de previsibilidad. Pero para eso necesita el respaldo de los gobernadores, que llegaron a la negociación con una lista propia de demandas.
En las reuniones de las últimas semanas, los mandatarios provinciales hicieron saber que el acompañamiento no será automático. La mayoría coincide en que el Presupuesto debe incluir “recursos frescos” que compensen el desfasaje acumulado en sus cuentas luego de un período de recortes, inflación alta y transferencias nacionales que en muchos casos se redujeron de manera significativa. Para varios distritos, ese punto es innegociable: sin una actualización de los envíos automáticos y de los programas presupuestarios, el apoyo está en duda.
Otro de los reclamos centrales es la reactivación de la obra pública. Gobernadores de distintas regiones plantearon que el freno aplicado durante el primer año de gestión paralizó rutas, viviendas e infraestructura clave. Piden que el Presupuesto 2026 detalle cuáles obras se retomarán y con qué cronograma, y advierten que esa definición es determinante para la actividad económica en sus provincias.
A la vez, varias administraciones solicitan que se reconozcan deudas pendientes de Nación, en particular las vinculadas a cajas previsionales no transferidas, reclamos de coparticipación y fondos específicos que consideran adeudados. La incorporación de esos compromisos en el articulado, aunque sea de manera escalonada, aparece como un gesto político que podría inclinar la balanza.
En paralelo, los gobernadores destacan algunos puntos positivos del proyecto: aumentos previstos en salud, educación, universidades y programas sociales, áreas especialmente sensibles en las que el deterioro presupuestario golpeó con mayor fuerza. No obstante, advierten que los incrementos deben sostenerse en el tiempo para evitar nuevos desfasajes.
Con un Congreso fragmentado, el oficialismo necesita sumar respaldos para aprobar la ley sin sobresaltos. El desafío pasa por convertir las mesas de diálogo en acuerdos concretos que reflejen un esquema más equilibrado entre Nación y provincias. Para los gobernadores, la aprobación del Presupuesto es posible, pero solo si el texto final reconoce las urgencias territoriales y establece un horizonte claro de inversión y previsibilidad.
