El Fiscal de Estado respondió al traslado judicial, se excusó por una investigación en curso que genera una colisión funcional, dio a conocer las comunicaciones formales con el Gobernador y dejó en manos del Ejecutivo la designación de un fiscal ad hoc.
El contexto del traslado judicial
El Fiscal de Estado contestó el traslado ordenado por el juez federal Calvete en la causa iniciada por la Provincia por la intervención del Puerto de Ushuaia, luego de que el tribunal le requiriera expedirse sobre la actuación procesal del Poder Ejecutivo provincial.
El gobernador puede actuar por sí mismo, con prerrogativas distintas a las del fiscal
Al evacuar el traslado, el Fiscal de Estado sostuvo que el Gobernador se encuentra legitimado constitucional y legalmente para promover la acción judicial por sí mismo, en especial ante la Justicia Federal. Aclaró que esa facultad no se confunde con las prerrogativas propias de la Fiscalía de Estado, que no actúa como apoderado ni abogado del Gobierno, sino como órgano constitucional de control de legalidad y defensa del patrimonio provincial.
Investigación en curso obliga a la fiscalía a excusarse
El Fiscal de Estado informó que la Fiscalía se encuentra desarrollando actuaciones de control e investigación administrativa vinculadas al Puerto, circunstancia que —según indicó— genera una colisión funcional entre su rol constitucional de control de legalidad y una eventual defensa judicial del Ejecutivo. Por ese motivo, sostuvo que corresponde su excusación y la de todo el organismo para asumir la representación procesal de la Provincia en esta causa.
Las comunicaciones con el ejecutivo
Al contestar el traslado, el Fiscal de Estado dio a conocer las comunicaciones formales cursadas al Gobernador y dejó constancia de que, si bien existieron intercambios previos sobre la situación del Puerto, no hubo coincidencia en la estrategia jurídica a seguir.
La posibilidad de designar un fiscal de estado ad hoc
El Fiscal aclaró que su excusación no deja a la Provincia sin defensa, ya que la Ley Provincial N° 3 habilita al Poder Ejecutivo a designar un Fiscal de Estado ad hoc para intervenir en la causa.
Alcance de la respuesta al traslado
Finalmente, el Fiscal de Estado aclaró que su respuesta se limita a la cuestión procesal planteada y no implica pronunciamiento alguno sobre el fondo de la acción judicial. Asimismo, dejó expresa reserva de ejercer, si lo considera pertinente, la intervención que pudiera corresponderle en su carácter de órgano constitucional de control.
