El titular de la cámara de comerciantes de Río Grande responsabilizó a la dirigencia política por la crítica situación del sector, marcando una disociación entre los discursos de los funcionarios y la realidad económica.
El presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, José Luis Iglesias, realizó un duro diagnóstico sobre la grave situación que atraviesa el sector y responsabilizó directamente a la clase política fueguina. Con tono de franca exasperación, describió un escenario de abandono y desconexión entre las urgencias de la economía real y la acción de los funcionarios.
“No se sabe si es inoperancia, si es desidia o si verdaderamente están rebasados de tantos temas que son urgentes que los temas importantes, como no se trataron en su momento, son dejados de lado”, afirmó Iglesias.
El dirigente detalló las consecuencias de esta inacción: “En muchos casos hay un montón de gente, en muchos negocios que ya no tienen sentido, otros que no saben cómo van a resolver y hay un montón de familias y de situaciones que van a ser agravadas encima con todas las circunstancias que tiene el tema del abandono del proyecto electrónico en Tierra del Fuego, o el textil”.
Al profundizar en la crítica, el representante comercial señaló una ruptura fundamental en el diálogo con el poder. “Esta dicotomía que hay entre la parte privada y los funcionarios públicos y toda la clase política en general, están muy preocupados de quién lo hace, cómo lo presenta, la forma, los modos, porque la economía real no está en ese trámite”, expresó con contundencia.
Añadió que esta crisis se potencia con la incertidumbre en otros sectores clave de la provincia. “Tenés mucha mano de obra, la gente de, suponete, petroleros, que no se sabe para dónde vamos, hay discursos que hablan ‘no vamos a dejar gente sin trabajo’, todo este tipo de cosas, pero al operario le llega el telegrama”, ilustró, cuestionando la distancia entre los anuncios oficiales y la realidad de los trabajadores.
El líder empresarial riograndense finalmente pintó un cuadro donde la prioridad de la clase política reside en la forma y no en el fondo de los problemas urgentes que afectan a comercios y familias, dejando en evidencia una profunda fractura con el sector productivo.
