Distintas agrupaciones feministas y mujeres adherentes, firmaron un petitorio que hicieron público, en el cual repudian el procesamiento a Ramona, una joven de 22 años que está siendo acusada por la juez María Cristina Barrionuevo por el delito de aborto al tiempo que solicitan el “cierre inmediato de la causa y exigimos que las mujeres no sean llevadas a juicios, basados en preconceptos heteropatriarcarles y religiosos, que criminalizan a las mujeres y atentan contra sus derechos”.

En el comunicado sostienen que “este tipo de prácticas atentan contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y lo único que persiguen es un fin aleccionador”, a la vez que indican el “rechazo al embargo que pesa sobre los bienes de Ramona, que asciende a la suma 100 mil pesos. Esta determinación funciona como pena anticipada y constituye en los hechos la muerte civil para quien aspira a tener un pequeño patrimonio”.

Desde las organizaciones recordaron  que esta no es la primera vez que se criminaliza a una mujer por aborto en Tierra del Fuego y que acompaña la agrupación feminista La Hoguera. “Durante el 2010, dos mujeres fueron procesadas por este motivo, situación que duró casi seis años, lo que derivó en que ambas fueran excluidas de los circuitos laborales formales, imposibilitando su inserción social”.

Por otra parte respaldan que la defensa de Ramona haya interpuesto una recusación al Juez Julián De Martino, quien integra la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones, organismo que deberá resolver la situación procesal de Ramona. “Entendemos que el principio de imparcialidad se ve violado, toda vez que el Camarista ha manifestado públicamente su rechazo a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a tal punto de impulsar una causa que derivó en la prohibición de la distribución gratuita y venta de la píldora hormonal de emergencia, fármaco recomendado para evitar embarazos no deseados por la Organización Mundial de Salud”, dice el documento firmado por las agrupaciones feministas.

Entre los firmantes del documento, figuran: La Hoguera, Alika kinan, La Ría Corriente Crítico Feminista, Asociación Resilientes, Frente de Mujeres de Nuevo Encuentro, Programa de Géneros y Sexualidades de la UNTDF, Red Diversa Positiva, Polo Obrero (Río Grande), CTA Autónoma, SUTEF, Asociación Mujeres al Sur TDF, Colectivo #NiUnaMenos Ushuaia, Periodistas Independientes de TDF con Perspectiva de género, Frente de Estudiantes Universitarios Fueguinos, Comisión de Genero del Centro de Estudiantes de la UNTDF, Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG) Argentina, Cantera Popular, Franja Morada, Casa Patria Grande y FUNDAGIC (Fundación de Investigaciones Grupales Institucionales y Comunitarias).

Cabe recordar que en nuestra provincia está vigente el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” y de hecho Tierra del Fuego es una de las ocho provincias en el país que cuenta con protocolo de aborto no punible y “en Argentina, el acceso al Aborto No Punible está legislado desde el año 1921 en el artículo 86 del Código Penal de la Nación incisos 1 y 2 en los casos de violación o cuando corre riesgo la vida o la salud integral de la mujer. En el año 2012, casi un siglo después, la Corte Suprema se pronunció en el caso FAL estipulando el alcance del ANP y exhortando al Estado Nacional y los Estados Provinciales a que sancionen protocolos que regulen el efectivo acceso a los ANP, y a los Poderes Judiciales a que no obstruyan el acceso a los servicios. El fallo no crea ningún derecho, sino que sienta la correcta interpretación de lo que ya estaba plasmado en el código penal desde 1921” informaron las organizaciones feministas hace poco tiempo cuando una organización “pro vida” salió a través de las redes a atacar al director del hospital de Ushuaia porque se estaba aplicando el protocolo.

En esa oportunidad mencionaron que “el aborto no punible no siempre es accesible a todas las mujeres” y aseguraron que muchas veces no se accede por falta de información, de consultorías pre y post aborto, por la falta de protocolos médicos y en algunos casos por el ejercicio abusivo de la objeción de conciencia por parte de los trabajadores de la salud, entre otros obstáculos institucionales. El Estado debe asegurar que todas las mujeres y adolescentes puedan acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva y garantizar que las barreras legales, la objeción de conciencia y la falta de protocolos médicos no las obliguen a recurrir al aborto clandestino”.