El proyecto todavía no ingresó formalmente a la Cámara alta y la agenda de extraordinarias se definirá recién la próxima semana. Qué pasos concretos pueden ordenar el debate, destrabar negociaciones y mejorar las condiciones para un acuerdo político sostenible.
La reforma laboral es una de las iniciativas más relevantes del programa oficial y, sin embargo, su tratamiento en el Congreso sigue detenido. Aunque el texto está concluido y cuenta con aval político en la mesa chica del Gobierno, el proyecto todavía no ingresó formalmente al Senado. Sin esa presentación –un trámite simple pero indispensable– no se puede convocar a comisión ni abrir el debate parlamentario. El retraso obliga al oficialismo a reorganizar su estrategia y a utilizar este impasse como una oportunidad para construir consensos más sólidos.
La agenda de sesiones extraordinarias se definirá recién la próxima semana, cuando los jefes de bloque se reúnan en Labor Parlamentaria. Ese encuentro será clave para ordenar prioridades y dar previsibilidad a un calendario legislativo complejo. En ese contexto, el Gobierno tiene margen para impulsar una hoja de ruta más clara, que incluya una comunicación transparente sobre los objetivos de la reforma, mayor interacción técnica con los senadores y una articulación parlamentaria basada en acuerdos concretos antes de que la discusión llegue al recinto.
Una estrategia posible es avanzar en una mesa de diálogo acotada, con representantes de los bloques dialoguistas, para despejar dudas sobre aspectos sensibles del proyecto, como aportes patronales, indemnizaciones y regulaciones del empleo en plataformas digitales. Esa instancia permitiría desactivar resistencias antes de que se formalicen y, al mismo tiempo, enriquecer el texto con observaciones que faciliten su aprobación. La señal hacia afuera sería clara: el Gobierno busca avanzar, pero sin precipitaciones, y con vocación de integrar miradas diversas.
También podría resultar constructivo que el oficialismo explicite un cronograma realista. La expectativa de aprobar la reforma de inmediato se fue diluyendo y admitir un horizonte temporal más amplio –por ejemplo, apuntar al primer trimestre de 2026– ordenaría el debate y reduciría tensiones. Un proceso legislativo previsible suele ser políticamente más eficaz que uno acelerado y sin acuerdos de base.
El retraso, lejos de ser solo un obstáculo, puede convertirse en una oportunidad para fortalecer la reforma y asegurar que llegue al Senado con el respaldo necesario. Con una estrategia más abierta, diálogo parlamentario efectivo y un mensaje político claro, el Gobierno puede transformar la demora en un paso hacia un consenso más robusto y sostenible.
