El intendente de Tolhuin vetó una ordenanza impulsada por el Concejo Deliberante que permitía la subdivisión y venta de terrenos sin la debida supervisión municipal y sin factibilidad de servicios básicos.
Esta medida no contemplaba las regulaciones necesarias para un desarrollo urbano ordenado, priorizando intereses particulares por encima del bienestar de la comunidad. En detalle, se observó que la ordenanza 660, impulsada por los concejales, pretendía modificar el código de ordenamiento territorial para facilitar la subdivisión de terrenos, sin tener en cuenta la disponibilidad de servicios como agua, energía y cloacas. Sumado a eso, el Concejo Deliberante pretendía habilitar las subdivisiones sin estudios técnicos previos.
La avanzada se realizó sin consultas ni trabajo de comisión, decisión que expone una gestión apresurada y carente de transparencia. No se consultó ni a los entes responsables de los servicios, ni al Colegio de Agrimensores, ni a las áreas técnicas municipales, poniendo en riesgo la calidad de vida de los habitantes y la inversión privada en la ciudad.
Lo más grave es la contradicción evidente con la ordenanza 513, aprobada por el mismo cuerpo de concejales en 2019, que en su artículo 4° prohíbe las subdivisiones de terrenos sin la aprobación previa del Municipio.
Sin embargo, los mismos Concejales que defendieron la normativa de 2019 ahora promueven lo contrario, permitiendo subdivisiones sin la intervención municipal y sin factibilidad de servicios, lo que sugeriría un claro cambio de postura por conveniencia.
En su artículo 6°, la ordenanza de 2019 desaconseja la subdivisión de tierras adjudicadas originalmente para proyectos turísticos, promoviendo un control estricto y el apoyo a actividades que impulsen el crecimiento productivo.
