Un total de 540 policías retirados de Tierra del Fuego atraviesan una situación crítica al no percibir sus haberes previsionales desde marzo de 2025, a lo que se suman dos aguinaldos impagos. A casi un año del inicio del conflicto, el reclamo continúa sin solución y con un marcado silencio por parte del Estado provincial.
Los afectados apuntan directamente al Gobierno de la Provincia y a la Caja de Previsión Social, organismos responsables del pago de las jubilaciones. Según denuncian, no sólo no hubo avances concretos, sino que tampoco existieron explicaciones oficiales claras sobre los motivos de la interrupción de los pagos ni plazos ciertos para regularizar la situación.
El incumplimiento afecta de manera directa a cientos de familias que dependen exclusivamente de estos ingresos para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud y educación. En varios casos, los retirados son adultos mayores o personas con problemas de salud, lo que agrava aún más el impacto social del conflicto.
Desde el sector denuncian además que la Caja de Previsión estaría adoptando decisiones administrativas que contradicen normas provinciales y nacionales, lo que —según sostienen— constituye una vulneración de derechos adquiridos y del propio Estado de Derecho. La falta de pago sostenida en el tiempo es interpretada como una situación de abandono institucional.
Pese a las reiteradas presentaciones y reclamos formales, hasta el momento no se emitieron comunicados oficiales que expliquen la situación financiera del organismo previsional ni se anunciaron medidas para resolver el conflicto. Esta ausencia de información alimenta la incertidumbre y el malestar entre los jubilados y sus familias.
El tema también generó debate público, con opiniones encontradas sobre la responsabilidad política y la administración de los recursos provinciales. Sin embargo, más allá de las discusiones, el núcleo del problema persiste: más de quinientas familias siguen sin cobrar lo que les corresponde por ley.
Mientras tanto, los policías retirados advierten que continuarán visibilizando el reclamo hasta obtener una respuesta concreta. A casi un año del inicio del conflicto, la situación sigue abierta y se consolida como uno de los reclamos sociales más sensibles del actual escenario provincial.
