El legislador justicialista detalló el estado de la obra, los obstáculos legales pendientes y la necesidad de habilitar el tránsito para beneficiar a más de 30.000 vecinos de Margen Sur.
La Ruta 7, una obra clave para la conectividad de la zona Sur de la ciudad de Río Grande, se encuentra prácticamente terminada, pero su habilitación enfrenta un entramado jurídico que retrasa su apertura definitiva. Así lo explicó el legislador Juan Carlos Pino en FM Master’s, quien destacó los avances logrados gracias a la Ley 1558, sancionada en octubre de 2024, pero también señaló los conflictos pendientes, como un polémico convenio de canon perpetuo con el propietario de los terrenos.
«La ruta está prácticamente terminada, ya está el alambrado. Lo que falta ahora es sacar las tranqueras que están en la intersección de la Ruta 3 y la Ruta 7, y la otra en Margen Sur», afirmó Pino. Sin embargo, advirtió que el principal escollo es un acuerdo firmado en 2023, que establece un pago mensual de 4.000 litros de combustible (unos 5 millones de pesos) al dueño del campo, sin plazo de finalización. «Ese convenio está sin ratificar, y creo que por ahí pasa la cosa», señaló.
El legislador recordó que la Ley 1558, impulsada por su bloque, permitió reactivar la obra al declararla de «interés estratégico», tras un fallido intento previo de utilidad pública. «Se invirtieron 112 millones de pesos, y desde enero se avanzó en el arrasante, el relleno y el alambrado», detalló. No obstante, cuestionó la vigencia del convenio: «Nosotros entendemos que hay que volver a la ley de expropiación de 2017, pagar la tasación nacional y que pase a la provincia».
Pino enfatizó el impacto social de la obra: «Le va a traer solución a más de 30.000 vecinos que hoy deben esperar hasta dos horas en el puente General Mosconi». Además, destacó que la ruta reducirá los tiempos de viaje a 13-14 minutos y mejorará el tránsito de emergencias y transporte pesado. «Lo más difícil ya está hecho. No hay excusa para no abrir», insistió.
Sobre el conflicto legal, el legislador admitió que el convenio carece de límite temporal, pero sostuvo que la ley de utilidad pública sigue vigente: «O hacemos caso al convenio o a la ley. No puede ser un impedimento». También criticó la demora administrativa: «Los vecinos ya vieron que la ruta está lista. Hacer una inversión y no habilitarla es inaceptable».
Pino confió en que la habilitación se resolverá pronto, aunque adelantó que el debate sobre el convenio continuará: «Es una discusión pendiente, pero lo urgente es abrir el camino». Su relato refleja una obra esperada por años, cuyo último tramo depende ahora de decisiones políticas y jurídicas.
