Desde las 00 horas de este domingo, Argentina integró oficialmente la lista de países donde el aborto es legal dado que entra en vigencia la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), un reclamo histórico del feminismo que ahora solicita que se garantice su cumplimiento de forma efectiva.
Su aplicación es «inmediata», así lo sostuvo la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Se hace efectiva luego de 8 días transcurridos de su promulgación por parte del presidente Alberto Fernández, el pasado 15 de diciembre, por medio del decreto 14/2021.
Tanto desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, así como abogadas especialistas en temas de género manifestaron que la entrada en vigencia representa «un triunfo de la lucha colectiva». Por ello, esperan que «se cumpla en todo el país con políticas educativas».
«Hoy se reaviva la declaración que hicimos desde la Campaña el día de su aprobación en el Congreso: Este es un triunfo de la lucha colectiva y de los años de organización con el foco puesto en este derecho», aseguró Patricia Bustamante, integrante de la Campaña, a Telam. A su vez, remarcó que «la entrada en vigencia de la Ley es en todo el país y de orden público».
El fallo judicial
Los opositores, llamados «provida», luego de la aprobación el pasado 30 de diciembre anunciaron que insistirían por la vía judicial para impedir su aplicación. Tuvieron su primer revés el jueves cuando la justicia de Salta habilitó la feria judicial para rechazar un recurso colectivo interpuesto por la ex senadora nacional María Cristina Fiore Viñuales, entre otros.
«No ha lugar por improcedente», sostuvo en su escrito el titular del Juzgado Federal Nº 1 de Salta, Julio Leonardo Bavio.
Por otra parte, la abogada Marisa Herrera, especialista en Derecho de Familia y miembro del equipo que redactó el nuevo Código Civil, resaltó la importancia del fallo: «Si bien los argumentos del juez salteño fueron muy escuetos, focalizados en cuestiones procesales, destaco que la intención de voltear el Protocolo Nacional y su aplicación, no tuvo cabida en el Poder Judicial salteño «.
Herrera señaló que el planteo judicial lleva el acompañamiento letrado de 3 hombres (Vanossi, Bianchi y Barra) que, «en mi opinión, forman parte del derecho constitucional patriarcal, de una doctrina constitucional perimida, conservadora y atrasada».
La judicialización de la norma
Asimismo, para Bustamente, la estrategia de judicializar la ley impulsada por sus opositores «carece de lógica, siendo una de las leyes más debatidas en la historia de nuestro país, en las calles, en las aulas y que cumple con todos los tratados y convenciones a las que este país suscribió en materia de derechos humanos».
Desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Natalia Gherardi afirmó que la entrada en vigencia de la ley «es el comienzo de un nuevo paradigma, sabemos que los esfuerzos de los grupos opositores estarán dirigidos a tratar de obstruir la práctica. En algunos casos, esos esfuerzos tratarán de contar con los tribunales de justicia. Veremos que los argumentos están de nuestro lado y por eso serán rechazados», anticipó.
La iniciativa
Son 100 años posteriores a que la segunda reforma del Código Penal, en 1921, estableciera las causas en que la interrupción del embarazo está autorizada, luego de que en 2018 quedara trunco el primer proyecto que alcanzó el debate parlamentario, el Senado terminó convirtiendo en ley la iniciativa enviada al Congreso por el presidente Fernández.
En su promulgación, el Presidente vetó parcialmente el artículo 4, al cual le agregó la palabra «integral» al referirse a la salud de la «persona gestante», una modificación que permitió que la ley fuera finalmente aprobada.
Sobre el Plan de los Mil Días
Junto con la IVE, el parlamento también aprobó la ley del Plan Mil Días, de cuidado integral de salud en el embarazo y la primera infancia.
«El aborto dentro de las primeras 14 semanas de embarazo (o dentro de las causales con posterioridad) es ley en absolutamente todas las provincias y se tiene que cumplir, con guías y protocolos o sin ellas. Ya es legal», explicó Bustamente.
Recordó que partir de la entrada en vigencia de la Ley, también «se deberían terminar inmediatamente los procesos penales de quienes fueron criminalizadas por abortar, en la ley penal existe el beneficio de la retroactividad y esas personas deberían quedar sin antecedentes».
«Es necesario hacer una revisión de los procesos penales y analizar los casos en que los abortos fueron disfrazados con figuras legales más gravosas, para que el peso de la ley caiga con mayor fuerza», sostuvo.
Celeste Mac Dougall, integrante de la Campaña, coincidió con su compañera y agregó que «va a hacer falta una campaña por parte del Estado que establezca dónde y cómo se va a garantizar este derecho, debido a que existe la objeción de conciencia».
Mac Dougall se refirió a la necesidad de una política estatal que apunte a la educación y formación respecto de los derechos en general a todas las personas, «porque la ley IVE establece nuevos derechos».
También recordó un pedido histórico de la Campaña: «Que se garantice la producción pública de Misoprostol y Mifepristona, con el reconocimiento de la ANMAT», drogas reconocidas como «válidas para realizar abortos seguros». Así como que se aseguren las otras vías para realizar un aborto como «la provisión de lo que se necesita para la Aspiración Manual endouterina (AMEU) y la capacitación a los profesionales de la salud respecto de estas prácticas».
