Un grupo de padres de la Escuela Nº 32 de Río Grande interpuso un recurso de amparo contra el gobierno provincial para exigir la inmediata normalización del ciclo lectivo, afectado por una alta tasa de ausentismo escolar.
Un grupo de padres de alumnos de la Escuela Provincial Nº 32 decidió elevar su reclamo a la esfera judicial mediante la presentación de un recurso de amparo en contra del gobierno provincial.
La acción legal, impulsada por familias que se autoorganizaron y contrataron a un abogado, tiene como objetivo central exigir al Estado que garantice de manera inmediata el derecho a la educación de sus hijos, el cual consideran severamente vulnerado.
La demanda no está dirigida contra el sindicato docente SUTEF, ya que los padres reconocen el legítimo derecho a la huelga de los trabajadores, sino que responsabiliza directamente a la administración provincial por no tomar las medidas constitucionalmente a su cargo para asegurar la prestación del servicio educativo.
Los fundamentos de la medida judicial radican en la crítica situación que atraviesa el establecimiento en el ciclo lectivo 2025. Según los cálculos realizados por las familias, los estudiantes han tenido clases efectivas en apenas un 30 por ciento de los días previstos, lo que se traduce en aproximadamente 60 días de un calendario que debería contar con 180.
Esta intermitencia, atribuida a una suma de factores como paros, desobligaciones, asambleas y problemas de infraestructura como la falta de gas, ha resultado en la pérdida absoluta de contenidos pedagógicos.
Los padres argumentan que esta realidad no solo perjudica el presente educativo de los niños, sino que compromete seriamente su futuro, dificultando su inserción laboral o el acceso a estudios superiores, y acentúa la brecha social con quienes pueden acceder a la educación privada.
El abogado patrocinante, quien ya tiene un antecedente similar de un amparo presentado hace aproximadamente quince años durante el gobierno de Fabiana Ríos, sostuvo que la presente acción busca que la Justicia intime al ministro de Educación a ejercer las competencias que la Constitución le otorga.
El objetivo del recurso es que se arbitren las medidas necesarias para equilibrar el derecho de huelga de los docentes con el derecho a aprender de los niños, y se ordene la normalización urgente de las clases bajo severos apercibimientos de multas por incumplimiento, tal como prosperó en el caso anterior.
