El presidente del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) Gustavo Vázquez, aseguró que a pesar del difícil contexto por el que atraviesa el país, la prioridad del Gobierno provincial es “no frenar ninguna obra” mencionando en tal sentido que solamente desde el Instituto “tenemos en ejecución unas 40 obras en toda la provincia”.
Vázquez se refirió a la situación surgida con el Municipio de Río Grande, quienes “tras haber sido sumariados por la Secretaría de Ambiente de la Provincia por descargar líquidos cloacales sin tratamiento a los ríos y al mar, increíblemente el viernes nos llegó una notificación diciendo que hasta tanto no se resuelva lo del sumario, ellos suspendían el otorgamiento de la factibilidad para las obras”.
“Estamos hablando de casi 300 viviendas en Río Grande a las que nos suspenden la factibilidad, cuando ya la habían dado anteriormente” fustigó el funcionario, recordando que contar con la factibilidad de los proyectos es imprescindible para “iniciar los procesos licitatorios y contratos”.
Para Vázquez “lo sorprendente es que nos nieguen la factibilidad para construir obras de infraestructura, justamente por lo cual han sancionado al Municipio de Río Grande. La verdad es que no entendemos cual es el fin de todo esto”.
En cuanto a los pasos a seguir, el funcionario adelantó que desde el IPV “vamos a solicitar al Municipio de Río Grande que reconsidere la decisión, porque paralizar obras en la situación como en la que estamos, con falta de viviendas, falta de infraestructura y de soluciones que necesita la provincia desde hace más de treinta años, que entre los mismos provincianos nos frenemos esto verdaderamente llama muchísimo a la atención”.
Vázquez señaló que hay “un constante reclamo de las provincias al Gobierno nacional por el no envío de los fondos, y cuando los envían, lo hacen fuera de los plazos y compromisos asumidos. En un contexto de inflación galopante a la que nos ha llevado este gobierno nacional, frenar una obra implica casi la muerte de la misma, ya que pasadas dos semanas los números cambian. Es por eso que la Provincia trata de afrontarlas con recursos propios para que las obras no se paralicen”.
“Uno escucha en los medios al intendente de Río Grande atacar al Gobierno nacional por estas cosas, y sin embargo, esto parecería que hasta lo está acompañando” manifestó el Titular del IPV.
Vázquez alertó también sobre las consecuencias legales que podrían derivar como resultado de la decisión adoptada por el Municipio: “en el mundo privado esto es una demanda por daños y perjuicios. Primero te dan la factibilidad, arrancas con la obra, compras materiales y comprometes gente y después te dicen que la obra no la podés hacer”. El funcionario llamó a “dejar de lado las mezquindades políticas y pensar en todas las familias que esperan su casa propia desde hace años”.
Por su parte, el Delegado del IPV Joel Colli sostuvo que la medida de paralización se trata “claramente de una represalia por el sumario (que le abrió el Gobierno Provincial al Municipio por contaminación ambiental), porque la obra recién está en la primera fase y no le costaría nada al Municipio dar los permisos para que se continúe, y en el período de ejecución buscar la forma de solucionar el problema”.
“La Intendencia sigue con esta postura y corre riesgo el financiamiento para estas obras”, lamentó Colli, toda vez que “tenemos plazos para comenzar las obras y para terminarlas” los cuales no se cumplirían si se paralizan las obras, si no nos dan los permisos de obras, que es lo que nos estaría faltando”.
Por último, advirtió que “serían 300 las familias que se quedarían sin su vivienda”, además de la mano de obra local sin poder ocuparse y la imposibilidad de activar las actividades vinculadas a la construcción, “que también generan puestos de trabajo porque se va inyectando dinero en el mercado”.
Medida “provisoria”
Por su parte, la secretaria de Obras Públicas del Municipio explicó las razones por las cuales se «suspendió temporalmente» la construcción de viviendas del IPV correspondientes al barrio de ATE.
Aseguró que es una consecuencia de un sumario y un pedido, por nota, del secretario de Ambiente de la provincia que cuestionó el vertido de efluentes cloacales en la zona. Desde el Municipio aseguran que la obra es factible.
La funcionaria municipal confirmó que «no solo hay un sumario administrativo sino también tenemos, por nota complementaria la indicación del secretario de Medio Ambiente de la provincia del cese de las descargas contaminantes de efluentes sin tratar».
Y «más allá de la tranquilidad que el Municipio tiene en el manejo de los efluentes, estamos en un proceso de descargo y probatoria y lo haremos cuando la provincia nos permita tomar vista del expediente porque solo fuimos notificados», reveló.
Por lo tanto dado esta circunstancia «mal podríamos autorizar o incrementar mayor cantidad de efluentes dado que los que produciría el barrio de esas viviendas tiene conexión directa a lo que es la máxima norte».
Por lo tanto consideró que «si la provincia está planteando una objeción mal podríamos autorizar un incremento» y aclaró que se trata de una medida «provisoria» ya que «esto no significa que la obra no se va a hacer porque la factibilidad no se va a otorgar» por lo que «se ha suspendido la factibilidad hasta tanto se resuelva esta garantía que está pidiendo la provincia sobre los efluentes que se están volcando».
Por lo tanto «la suspensión de la obra es una consecuencia de la indicación del secretario de Medio Ambiente, Pérez Toscani, de cesar con el vertido de los efluentes».
Castillo, en Radio Provincia, remarcó además que la decisión del Municipio «es una prioridad construir viviendas y ese proyecto no llega a concretarse solo con la factibilidad de los servicios, también fue una tierra que entregó el Municipio para que se haga un barrio» con lo cual remarcó la importancia «que el Intendente de la ciudad le ha dado a esta obra» aunque insistió en que «si estamos en una instancia de sumario administrativo por indicación del organismo de Medio Ambiente de la provincia, excede a la buena voluntad que pueda tener el Municipio, por el contrario hemos sido obedientes a las indicaciones del secretario de Medio Ambiente».
Además consideró que «de manera maliciosa se intenta alertar a la población sobre algunas informaciones periodísticas nosotros en realidad hemos sido responsables» y consideró que «se falta a la verdad con algunas cosas que se dicen» dado que «acá no se trata de animosidad sino de dar cumplimiento a algo que ha indicado Medio Ambiente» por lo cual insistió en que «el Municipio está esperando tomar vista del expediente y poder contestar con premura con todos los elementos de las acciones de monitoreo que lleva adelante el Municipio con regularidad», al tiempo que cuestionó el proceso de toma de muestra por parte de la Secretaría de Medio Ambiente.
Castillo explicó que «la factibilidad de la obra se da después de analizar si el conducto de la máxima norte tiene capacidad para sumar más viviendas, si las plantas elevadoras están dimensionadas para impulsar esa cantidad de efluentes y por eso dimos la factibilidad en el 2016 y ahora suspendemos la construcción en el marco de esta indicación» del Gobierno.
Por otra parte aseguró que el Municipio tomó conocimiento de la acción de gobierno «el pasado lunes y a las 4 de la tarde nos reunimos con gente de Medio Ambiente y la DPOSS y allí se comprometieron a poder acceder al expediente el miércoles pasado y hasta ahora no lo pudimos hacer porque el expediente todavía no llegó a Río Grande» a pesar de que valoró la predisposición de Pérez Toscani.
Finalmente expresó el deseo de que «esto se pueda solucionar pronto y el IPV comience con la construcción de las viviendas porque para nosotros lo que se está diciendo con se condice con la realidad».
