El Colectivo NI UNA MENOS USHUAIA le solicitó a la Gobernadora Rosana Bertone que vete el Proyecto de Ley votado en la sesión del 22 de marzo pasado, que impone a nivel provincial el 25 de marzo como el «Día de los derechos del niño por nacer.
El proyecto fue presentado sobre tablas y aprobado por trece Legisladores, votando en contra sólo las legisladoras Angelina Noelia Carrasco y Marcela Gómez.
«Mientras el parlamento nacional discute por primera vez, desde la recuperación democrática la posibilidad de contar con una ley de aborto legal seguro y gratuito para nosotras la ley que promulgó la legislatura es un atropello que ignora la historia de lucha de las mujeres por la libertad de sus cuerpos y de sus vidas», dijo Agustina Cardozo, miembro del colectivo Ni Una Menos.
El Proyecto de ley establece en su artículo 1º Instituir en la Provincia el 25 de marzo de cada año como el “día de los derechos de los niños por nacer”, y establece que el ejecutivo organizará anualmente durante la cuarta semana del mes de marzo una semana “educativo cultural de información y concientización que tengan por objeto conmemorar, promover y defender la vida humana desde que ha sido concebida en el vientre de la madre”.
«No admitimos, no avalamos ni la práctica ni la prédica impuesta en una sesión de un parlamento civil imponiendo fechas religiosas respecto de las relaciones ciudadanas», manifestó Cardozo.
Para el colectivo de mujeres, las acciones que ordena lo aprobado en legislatura, se contradice con los programas de Educación Sexual Integral, en cuyo marco debe preverse el derecho a la vida de las mujeres, y el derecho a interrupción legal de un embarazo bajo causales ya vigente. Y se preguntan ¿Cómo harían conjugar ambas leyes?
Desde Ni Una Menos Ushuaia exigen el veto, que debe ser emitido como fecha límite el próximo miércoles 18 de abril, ya que fue ingresado formalmente al Poder Ejecutivo el día 4 de abril de 2018 teniendo en cuenta que su aprobación, alimenta el ejercicio de mayor violencia institucional y obstétrica hacia las mujeres y personas con capacidad de gestar en los abortos que ya son legales desde 1921, y que Tierra del Fuego adhirió al protocolo Interrupción Legal del Embarazo en el año 2012.
De convertirse en ley, el colectivo propone accionar ante el Superior Tribunal de Justicia para evitar que la norma inconstitucional ingrese al sistema legal de la provincia, bajo riesgo concreto de generar responsabilidad en ámbitos internacionales.
