Tras una auditoría y una inspección técnica contundente, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación dispuso la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia, que se hizo efectiva en la madrugada del 21 de enero. El expediente no se limita al financiamiento de OSEF: quedaron asentados préstamos por $4.000 millones en 2024, baja inversión en infraestructura y un deterioro estructural que compromete la seguridad y la operatividad del muelle.
Del informe a la intervención
Lo que comenzó como una denuncia terminó en una decisión administrativa de máxima gravedad institucional. Tras una inspección técnica exhaustiva y un informe que no dejó márgenes para relativizar, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) resolvió intervenir administrativamente la infraestructura del Puerto de Ushuaia y suspender su habilitación por doce meses, con ejecución diferida. Desde la madrugada del 21 de enero, la intervención se encuentra formalmente en funciones.
La medida reconoce un escenario de incumplimientos graves, desinversión sostenida y uso impropio de recursos portuarios, pero al mismo tiempo busca garantizar la continuidad operativa de un puerto estratégico para la logística nacional y la proyección antártica.
OSEF fue el detonante, pero no el único factor
La resolución se origina en la denuncia contra la Ley Provincial 1596, que crea un fondo específico para el pago de deuda de la obra social OSEF con recursos del superávit del Puerto de Ushuaia. Sin embargo, el expediente deja claro que el problema excede ampliamente ese punto y que el desvío de recursos portuarios ya tenía antecedentes concretos.
Los $4.000 millones del ejercicio 2024
Entre los elementos más sensibles quedó asentado el Convenio de Colaboración N° 26.174, mediante el cual la Dirección Provincial de Puertos otorgó una asistencia financiera por $4.000 millones al Ministerio de Economía provincial, financiada con el superávit 2024. A esto se suma una adenda de asistencia financiera con el Ministerio de Salud firmada en noviembre de 2024.
Para la autoridad nacional, estos antecedentes consolidan un patrón incompatible con el convenio de transferencia Nación–Provincia: el puerto funcionando como caja financiera del Estado provincial.
Infraestructura deteriorada y fallas de seguridad
La inspección realizada el 30 de septiembre y 1° de octubre de 2025 constató un deterioro significativo del muelle comercial, particularmente en el Sitio 3. Se detectaron fallas en defensas, amarres, pavimentos y pérdida de material que comprometen la seguridad de maniobra.
El informe también advierte sobre sistemas contra incendios obsoletos, deficiencias de señalización y alumbrado, fallas en drenajes, déficits ambientales y graves carencias en tecnología, comunicaciones y seguridad de la información.
El dato estructural: casi sin obras
Al 30 de septiembre de 2025, apenas el 1,3% del gasto devengado fue destinado a obras de infraestructura portuaria. En contraste, el 55% del gasto se concentró en personal y una porción significativa en activos financieros orientados a préstamos.
Este desbalance, según la ANPyN, compromete la capacidad futura del puerto para sostener su operación y cumplir estándares mínimos de seguridad.
Una intervención para sostener la operatividad
La resolución dispone una intervención administrativa por 12 meses, prorrogables, con alcance sobre infraestructura, equipamiento y operación, y con facultades para requerir asistencia técnica de la Administración General de Puertos. La suspensión de la habilitación fue dictada pero con ejecución diferida para no paralizar la actividad.
Lejos de clausurar el puerto, la intervención busca normalizar su funcionamiento, garantizar la seguridad y asegurar la continuidad operativa de un enclave estratégico para el país.
Del superávit portuario a la intervención nacional
- Ejercicio 2024: La Dirección Provincial de Puertos registra superávit financiero.
- 2024: Se otorga asistencia financiera por $4.000 millones al Ministerio de Economía provincial.
- 7 de noviembre de 2024: Se firma una adenda de asistencia financiera con el Ministerio de Salud.
- 1° de julio de 2025: Se sanciona la Ley Provincial 1596 vinculada al financiamiento de OSEF.
- 5 de septiembre de 2025: La ANPyN intima formalmente a la Provincia y a la Dirección Provincial de Puertos.
- 30 de septiembre y 1° de octubre de 2025: Se realiza la inspección integral en el Puerto de Ushuaia.
- Enero de 2026: Se dicta la resolución de intervención y suspensión.
- 21 de enero de 2026: La intervención se hace efectiva en la madrugada.
