La Agencia Nacional de Puertos intimó a Tierra del Fuego por el desvío de fondos del puerto de Ushuaia para financiar la obra social provincial, exigiendo una explicación en cinco días bajo apercibimiento de incumplimiento grave.
Mediante una comunicación oficial fechada el 5 de septiembre de 2025, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) formuló un requerimiento formal al gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, encabezado por el gobernador Gustavo Melella, en relación con la sanción de la Ley provincial N° 1596.
La norma dispone el financiamiento de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) utilizando recursos provenientes de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), ente a cargo de la administración del Puerto de Ushuaia.
La nota, suscripta por el Director Ejecutivo del organismo nacional, Iñaki Arreysegor, fue motivada por una denuncia presentada por Juan Avellaneda, Secretario General del sindicato Unión de Personal Superior Ferroviario, seccional Tierra del Fuego.
En el documento, la ANPN emplaza al Poder Ejecutivo provincial a efectuar su descargo respecto de la medida en un “plazo improrrogable de cinco días” hábiles a partir de la notificación, y/o a “llevar a cabo las medidas correspondientes para dar cabal cumplimiento” con lo establecido en la cláusula séptima del Convenio portuario vigente.
La intimación se fundamenta en el “incumplimiento en el que incurre la Provincia”, destacando “la gravedad de la falta y las consecuencias que de ello se derivan no sólo para la actividad portuaria del Puerto de Ushuaia, sino también para la República Argentina”.
El marco legal de la advertencia se sustenta en la Ley Nacional de Actividades Portuarias N° 24.093, específicamente en su artículo 11, que regula el tratamiento aplicable a la transferencia de los puertos a las jurisdicciones provinciales.
La citada cláusula séptima del convenio establece de manera taxativa la obligación de que “los ingresos del puerto serán contabilizados independientemente de rentas generales provinciales y serán aplicados exclusivamente para cubrir gastos de administración, operación, capacitación e inversiones relacionadas con la actividad portuaria que tiendan a asegurar una mayor eficiencia optimizando los costos y tarifas en beneficio del comercio interior y exterior”.
La utilización de estos fondos para un fin ajeno, como es el subsidio a un sistema de salud, es interpretada por la autoridad nacional como una violación directa a este marco legal y contractual.
La comunicación fue dirigida al gobernador Melella, con copia a la vicegobernadora Mónica Urquiza, el Jefe de Gabinete provincial Agustín Tita, el presidente de la DPP Roberto Murcia, su vice Miguel Angel Ramirez, y otros funcionarios del gobierno fueguino, lo que subraya la formalidad y gravedad del planteo.
