La ley 1529 fue impulsada sin debate ni participación ciudadana y propone más de 70 cambios en la Constitución. El objetivo: perpetuarse en el poder, a pesar del rechazo del 70% de la sociedad fueguina.
En diciembre de 2023, la Legislatura aprobó la ley 1529, impulsada por el Ejecutivo, que convoca a una reforma constitucional en Tierra del Fuego. La norma fue votada sin audiencias, sin participación ciudadana y con media Legislatura saliente. El proyecto incluye más de 70 modificaciones impuestas de forma unilateral por el Gobierno, entre ellas, cambios que podrían permitir la continuidad del Ejecutivo más allá de los límites actuales.
El legislador Jorge Lechman advirtió: «Nos opusimos a la ley 1529 porque entendimos que es inconstitucional. Fue sancionada entre gallos y medianoche, sin debate, sobre tablas”.
“El Gobierno provincial no puede pagar ni las tiras reactivas para diabéticos, pero quiere gastar millones en modificar la Constitución para quedarse en el poder”, agregó el parlamentario de Somos Fueguinos.
Con más del 50% de la población bajo la línea de pobreza, contratos industriales en riesgo, salarios estatales deteriorados y la salud colapsada, el oficialismo prioriza una reforma costosa que no resuelve ninguno de los problemas reales de los fueguinos.