El Senado aprobó este jueves los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo que buscan afianzar la soberanía argentina sobre las aguas del Atlántico Sur, las Islas Malvinas y su espacio marítimo circundante, mediante la creación de un consejo asesor y del establecimiento de la nueva demarcación del límite exterior de la plataforma argentina.

La primera de las iniciativas que aprobó la cámara alta del Congreso crea el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas en el ámbito de la Presidencia de la Nación. Sus funciones serán contribuir a generar los consensos políticos y sociales necesarios para diseñar e implementar políticas de Estado que tengan por objeto efectivizar el ejercicio pleno de la soberanía sobre Malvinas, las Georgias y Sandwich del sur y los espacios marítimos circundantes.

El Consejo también tendrá como función “colaborar en la difusión y promoción de los derechos argentinos” en el “ámbito regional y global” y “proponer estrategias que aporten al reconocimiento permanente de los ex combatientes de las Islas Malvinas y caídos en combate y de sus familiares”.

El artículo 3 dispone que el Consejo estará integrado por el Presidente de la Nación, quien lo encabezará, el ministro de Relaciones Exteriores y un diputado y un senador designados por cada uno de los tres bloques con mayor representación parlamentaria en cada una de las cámaras del Congreso.

El Consejo estará integrado, además, por el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, dos especialistas en Derecho Internacional, tres representantes del sector académico y científico de reconocida trayectoria en la materia y un representante de los ex combatientes de las Islas Malvinas.

Los integrantes del cuerpo, que podrán ser reelegidos, permanecerán en sus funciones cinco años y dictarán su propio reglamento interno.

El otro proyecto establece los límites exteriores definitivos de la plataforma continental, más allá de las 200 millas. En los fundamentos, el Ejecutivo manifestó que el “profundo trabajo técnico y científico llevado a cabo por la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (Copla), reafirma” los derechos de soberanía argentina “sobre los recursos del lecho y subsuelo de nuestra plataforma continental: minerales, hidrocarburos y especies sedentarias, vieiras, esponjas, langostinos, mejillones, etc.”.

“Argentina ha demarcado el límite exterior de su plataforma continental cumpliendo con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar (Convemar) y con las directrices científicas y técnicas y el reglamento de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC)”, expresa la iniciativa en sus fundamentos.

El Ejecutivo destacó que ” se han obtenido datos inéditos para el conocimiento del margen continental argentino, con el fin de que el trazado de ese límite sea el más beneficioso para el país, respetando las fórmulas y restricciones previstas en la normativa internacional”.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el ex canciller Jorge Taiana, destacó que el proyecto sobre la plataforma continental argentina “requirió un enorme trabajo científico” que se hizo “a lo largo de distintos gobiernos y que fue exitoso y tendrá una enorme repercusión económica, política y estratégica”.

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el radical mendocino Julio Cobos, elogió las iniciativas sobre Malvinas enviadas al Congreso por el presidente Alberto Fernández.

“La nueva demarcación de los límites es muy importante. Extiende nuestra soberanía más allá en alrededor de un millón setecientos mil kilómetros cuadrados”, puntualizó respecto a la votación en el Congreso.

Además, el miembro del Senado remarcó que “en este país la política de estado no es frecuente, pero este es un ejemplo en contrario” y agregó que “los resultados fueron óptimos”.

Finalmente, en la Cámara alta del Congreso también se aprobó el protocolo modificatorio del convenio para la protección de las personas respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, suscripto en Estrasburgo en 2018.

El protocolo aprobado en el Congreso tiene por fin proteger a cada persona, sin importar su nacionalidad o residencia, con respecto al tratamiento de sus datos personales, de manera de contribuir al respeto de sus derechos humanos y libertades fundamentales y, en particular, el derecho a la privacidad. (Minuto Uno)