El expresidente brasileño Luiz Inácio «Lula» da Silva fue condenado a 9 años y medios de prisión por los hechos de corrupción pasiva y lavado de dinero. La medida fue dispuesta por el juez federal Sérgio Moro, quien tiene a su cargo la investigación del “Lava Jato”.
La condena se fundamentó sobre un supuesto soborno del expresidente a la constructora OAS entre 2006 y 2012 por un valor de 3,7 millones de reales. La constructora pagó la remodelación de un apartamento de tres plantas en la lujosa zona de Guarujá en San Pablo. La investigación afirma que la propiedad es de Lula pero nunca fue declara como bien del expresidente. Lula siempre negó que esto fuera así, afirmando en todo momento que su condena es parte de una acción política.
Tan pronto se supo el resultado, hubo manifestaciones callejeras en Porto Alegre y San Pablo.
La presidenta del PT, la senadora Gleisi Hoffman, confirmó que mañana mismo el Partido de los Trabajadores ratificará la candidatura de Lula a las elecciones de octubre.
De acuerdo con la ley, si la condena fuera ratificada en segunda instancia, Lula quedaría inhabilitado para postularse. Quedan, sin embargo, varios recursos ante la Justicia Electoral y los tribunales superiores.
En la avenida Paulista, escenario de manifestaciones contrarias a Lula, un grupo de alrededor de 200 personas, con el grupo de extrema-derecha Movimiento Brasil Libre (MBL) a la cabeza, manifestaban su euforia.
