La legisladora María Victoria Vuoto de la bancada del Partido Verde, propuso a la Legislatura dar lugar a un régimen para la gestión sustentable de pasivos ambientales. La propuesta, asunto N° 164/23, que consta de 22 artículos fue girado las comisiones de Ambiente N° 4 y Legislación General N° 1. En la elevación a la Cámara, la Parlamentaria sostiene que el objetivo es “identificar, censar e inventariar los pasivos ambientales” provocados por la actividad humana en Tierra del Fuego y su consecuentes objetivos y sanciones.
Pasivo ambiental es el conjunto de daños producidos al medio, en cuanto al agua, suelo, aire, deterioro de los recursos naturales y de los ecosistemas, producidos por cualquier actividad pública o privada. También evalúa “el riesgo del pasivo ambiental”, que considera la probabilidad de que ocurra un accidente y cuantifica las consecuencias negativas sobre el entorno natural, económico y socioeconómico. También, establece diversas definiciones como sitio contaminado.
En la elevación, Vuoto recuerda que la cuestión ambiental está incluida en la Constitución nacional desde la reforma de 1994 y detalla las diversas normativas nacionales que versan sobre el particular. Además cita el texto constitucional de la Provincia, cuando establece los criterios ambientales en el capítulo 2 de la Carta Magna fueguina.
Entre los diversos artículos, la redacción propone un programa de remediación, que buscará el saneamiento de los pasivos ambientales de las áreas afectadas por la exploración y explotación hidrocarburíferas y actividades afines; la explotación minera; forestal; industrial y toda actividad pública y privada dentro de la Provincia. Este programa determina la limpieza general de la superficie afectada; remediación del subsuelo por derrames de petróleo; repoblamiento vegetal y forestal de las zonas desertificadas con especies autóctona-nativas; tapado de lodo de perforación; construcción de recitos apropiados para depositar desechos hidrocarburíferos, entre otras medidas.
También determina en el articulado, sanciones administrativas por los incumplimientos, que versan en apercibimientos hasta la suspensión de actividades. También regula las reincidencias.
