El Gobierno nacional volverá a llevar al Congreso el proyecto de Ley Penal Juvenil, con el objetivo de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. La iniciativa será incluida en el temario de las sesiones extraordinarias previstas para febrero y reabre una discusión histórica en la Argentina, atravesada por la seguridad, los derechos de la infancia y la eficacia del sistema penal.
Según fuentes oficiales, el Ejecutivo buscará reunir los consensos necesarios en la Cámara de Diputados para avanzar con la reforma. En caso de no lograr respaldo suficiente para fijar la edad en 13 años, no se descarta una alternativa intermedia en 14, como parte de una estrategia de negociación legislativa.
Un proyecto que vuelve a escena
La propuesta no es nueva. Ya había sido debatida durante 2025, pero no consiguió los apoyos necesarios para su sanción. El Gobierno decidió retomarla luego de una serie de hechos de violencia protagonizados por menores, que volvieron a instalar el tema en la agenda pública y reforzaron el reclamo de sectores que piden cambios en el régimen penal juvenil vigente.
Actualmente, la legislación argentina establece que solo pueden ser imputados penalmente los adolescentes a partir de los 16 años. El proyecto oficial apunta a modificar ese esquema bajo el argumento de que la normativa actual resulta insuficiente frente a las dinámicas del delito y, en algunos casos, favorece la utilización de menores por parte de organizaciones criminales.
Seguridad y responsabilidad, en el centro del planteo oficial
Desde el oficialismo sostienen que la iniciativa busca dar respuestas a una demanda social vinculada a la inseguridad, sin desconocer la condición de menores de los adolescentes involucrados en delitos. En ese sentido, remarcan que el régimen penal juvenil no implicaría la equiparación automática con adultos ni el ingreso a cárceles comunes, sino un sistema específico con sanciones diferenciadas y medidas socioeducativas.
“La discusión no es solo la edad, sino qué herramientas tiene el Estado para intervenir de manera temprana”, señalan desde el entorno gubernamental, donde plantean que la reforma debería ir acompañada de políticas de contención, educación y reinserción.
Las críticas y el debate pendiente
Organizaciones de derechos humanos, especialistas en niñez y sectores de la oposición cuestionan la iniciativa y advierten que no existe evidencia concluyente de que bajar la edad de imputabilidad reduzca el delito juvenil. También alertan sobre el riesgo de profundizar la estigmatización de adolescentes en contextos de vulnerabilidad.
Sin embargo, incluso entre los críticos hay consenso en un punto: el régimen penal juvenil necesita una actualización. El sistema actual, diseñado hace décadas, muestra limitaciones para abordar conflictos complejos que involucran a jóvenes, violencia y exclusión social.
Una oportunidad para una reforma integral
Más allá de la controversia, el regreso del proyecto al Congreso abre una ventana para un debate más amplio. Especialistas coinciden en que cualquier modificación debería formar parte de una reforma integral, que combine responsabilidad penal con prevención, acceso a derechos y fortalecimiento de políticas públicas en los territorios más afectados.
La discusión que se avecina no será solo sobre una edad límite, sino sobre qué rol debe asumir el Estado frente a los adolescentes en conflicto con la ley y cómo construir respuestas que aporten a la seguridad sin resignar derechos. En ese equilibrio se jugará el destino de una ley que vuelve a poner en tensión dos demandas centrales de la sociedad argentina.
