En el seno del Senado argentino, se discuten actualmente los proyectos de ley impulsados por el gobierno nacional, la Ley de Bases y el Paquete Fiscal, los cuales han capturado la atención particular en la provincia de Tierra del Fuego. En este contexto, el economista local Juan Pablo De Luca brindó por FM Master’s una evaluación meticulosa de estos proyectos y su potencial impacto en el entramado económico provincial.
«El primer proyecto de ley que se discute, la primera medida grande y normativa del gobierno de Javier Milei que, no sé si se acuerdan que, en su momento, se mandó a extraordinarias, y en febrero volvió a comisión y hoy ya tiene media sanción, se partió en dos leyes: una que se llama Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos; y otra que es Medidas fiscales paliativas y relevantes», definió De Luca, destacando la complejidad y amplitud de ambas propuestas legislativas.
El análisis de De Luca profundiza en la Ley de Bases, que abarca una amplia gama de temas, desde la emergencia energética y económica hasta la reforma del Estado. «Uno tiene más de 200 artículos, otro tiene más de 100. El primero, de la Ley de Bases, son muy amplias y tiene que ver con toda la cuestión programática de la política del gobierno libertario», explicó. Esta ley contempla disposiciones relacionadas con la reducción de organismos públicos, la privatización de empresas estatales y cambios regulatorios en los fondos fiduciarios, entre otros aspectos, incluyendo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Por otro lado, De Luca también analizó el segundo proyecto, centrado en medidas fiscales como un blanqueo de capitales, la reducción de impuestos sobre bienes personales y el aumento del impuesto a las ganancias, destacando su relevancia para el contexto económico actual.
Sin embargo, dos artículos específicos han generado controversia en Tierra del Fuego en relación con la Ley 19640 de promoción económica. «La primera fue el artículo 111 de la Ley Bases, que originalmente no estaba en la ley y que se incorporó al final del debate», explicó. Este artículo exige al Poder Ejecutivo enviar al Congreso una ley que reduzca el 80% del gasto tributario en un plazo de 60 días, lo que incluiría los beneficios fiscales otorgados por la Ley 19640.
De Luca destacó la importancia de entender las implicancias económicas de estas leyes, especialmente en términos del gasto tributario. «Los impuestos que nosotros no pagamos, eso está dimensionado. Sobre todo, hay una medida que se usa, que es un porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI)», afirmó. La Ley 19640 representa solo el 0.35% del gasto tributario total, siendo el 70% destinado a la promoción industrial, lo que implica la exención del IVA para una amplia gama de bienes y servicios.
El análisis de Juan Pablo De Luca ofrece una visión detallada de cómo estas leyes nacionales podrían impactar en la economía de Tierra del Fuego, resaltando la necesidad de comprender las consecuencias locales de las decisiones legislativas a nivel nacional.
