La cuarta sesión del año fue levantada por resolución de Presidencia bajo el argumento de una “asamblea” del personal legislativo, aunque desde el gremio aclararon que no se trató de una medida de fuerza. Ya transcurrieron más de 135 días desde la última sesión ordinaria y son pocos los proyectos con dictamen. El Presupuesto provincial continúa sin adquirir estado parlamentario y el trabajo en comisiones también se encuentra retrasado.
La suspensión se resolvió de manera imprevista en la jornada de ayer, cuando se aguardaba avanzar en el tratamiento de expedientes pendientes y en la incorporación al temario de nuevas iniciativas. Oficialmente, la cancelación se atribuyó a la asamblea gremial, pero desde la Asociación del Personal Legislativo (APEL) rechazaron que la actividad sindical hubiera imposibilitado el funcionamiento parlamentario.
“De ninguna manera APEL es el responsable de la suspensión de una sesión, me parece que acá hay otras cosas”, afirmó el secretario general Jorge Brua en diálogo con FM Master’s. El dirigente insistió en que la organización se encuentra “en asamblea, no en medida de fuerza ni paro”, y recordó que en ocasiones anteriores las deliberaciones sindicales no impidieron sesionar: “La última asamblea demoró prácticamente dos horas la sesión. Acordamos y se continuó normalmente”.
Brua sostuvo que la asamblea tenía como objetivo analizar una propuesta surgida desde la Vicegobernación y que la definición sobre la continuidad de la protesta se tomaría luego de ese intercambio. En ese sentido, remarcó que la actividad gremial “no implicaba una paralización definitiva” del funcionamiento legislativo.
Aunque el motivo formal de la suspensión fue administrativo, distintas fuentes legislativas señalaron que en la sesión podía avanzar el proyecto para derogar la Ley 1355 y habilitar la salmonicultura en aguas provinciales, iniciativa para la cual el oficialismo necesitaba reunir al menos ocho votos. Según versiones internas, durante las últimas horas se habrían producido movimientos en los bloques que complicaron el respaldo necesario, lo que habría influido en la decisión de posponer el debate. Los votos no estarían garantizados.
Aunque no hubo confirmación oficial, la reprogramación de la sesión se trasladaría a un plazo cercano a los diez días, período en el que se dilata el trabajo en comisiones vinculado al Presupuesto. Esa situación mantiene frenado el avance de los expedientes ingresados y, en particular, retrasa el inicio formal del tratamiento presupuestario, que sigue sin obtener estado parlamentario. La falta de sesiones también limita la emisión de dictámenes necesarios para habilitar el debate en el recinto.
Consultado sobre la posibilidad de que el conflicto gremial funcione como argumento para ocultar desacuerdos políticos entre los bloques, Brua fue categórico: “No sé, no quiero pensar eso, pero tampoco quiero que me usen de chivo expiatorio. No voy a compartir eso de ninguna manera”.
El reclamo de APEL apunta a cerrar los aumentos correspondientes a noviembre y diciembre y asegurar mediante un acta el pago del plus legislativo durante 2026. “La garantía para nosotros es que lo dejen firmado. Después discutimos si lo pagás en enero, febrero o marzo. En eso no vamos a tener inconveniente; el tema es dejarlo plasmado en un acta”, concluyó.
