El proyecto de adhesión, impulsado por la legisladora Andrea Freites, fue trabajado junto al titular del CUCAI en Tierra del Fuego, quien felicitó a los parlamentarios al darle a la población de Tierra del Fuego, una nueva ley.
Serra aclaró que, respecto de la nueva normativa nacional “lo que cambia es la solicitud del permiso. El consentimiento familiar y el testimonio escrito”. En este punto, graficó que con la comunicación familiar se genera el proceso para que se acceda a esa disposición.
En Tierra del Fuego ya se trabaja bajo el marco normativo de la 27.447, “lo que estamos generando es la reglamentación provincial”, dijo el profesional. En este sentido, sostuvo que no es la misma realidad la que se vive en CABA, Córdoba o Santa Fe que la de nuestra Provincia. “Hay determinadas cuestiones más, de orden práctico y ejecutivo –a nivel administrativo-, que es necesario que se trabaje en conjunto con el Gobierno”, aseveró.
La Ley Justina establece que “hoy no vamos a necesitar el permiso de la familia” para acceder a la ablación de los órganos, dijo el Dr. Serra. Antes, con la expresión de su voluntad afirmativa o negativa, “era un donante presunto pero la decisión la tomaba la familia”. Desde la sanción de esta normativa, cambia “la figura del donante presunto duro”.
Aprobación de leyes
El vicegobernador Juan Carlos Arcando presidió el sexto encuentro del Parlamento en sesión y entre los asuntos más destacados los bloques del MPF y la UCR–Cambiemos, solicitaron sendos informes sobre planta de personal y la reglamentación de la ley “Conciencia sobre el cáncer de mama”.
En tanto, desde las tres bancadas políticas opinaron respecto del decreto presidencial sobre las asignaciones familiares. La declaración de rechazo fue girada a la Comisión de Legislación general.
Entre otros, se aprobó la designación del contador general de la Provincia, Daniel Moya –en esta instancia el MPF no acompañó esta designación- y se ratificaron los convenios que refieren a transferencia de tecnología para el monitoreo de gestión de riesgos de incendios forestales; con la Secretaría de Políticas integrales sobre drogas de la Nación (SEDRONAR), entre otros de importancia para Tierra del Fuego.
Luego del debate en las distintas comisiones de asesoramiento permanente, formó parte del orden del día el dictamen de la Comisión de Educación sobre la Promesa Ambiental, una iniciativa del FPV – PJ que logró ser sancionada por el Parlamento. También, se sancionó el proyecto de Ley del bloque del MPF que declara de bien de utilidad pública a las bibliotecas populares fueguinas.
Por su parte, proveniente de la Comisión de Salud Pública, la composición cameral sancionó el dictamen en mayoría que modifica la Ley provincial Nº 389 sobre el Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE).
Asimismo, luego de la reunión conjunta que mantuvieron las comisiones de Presupuesto y Economía y Obra Pública ayer, con referentes del Ejecutivo provincial, la sesión aprobó el dictamen en mayoría sobre el proyecto de Ley sobre recursos obtenidos del resultado por tenencia de la emisión de título de deuda en el marco de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley provincial Nº 1.132. Luego de una extensa fundamentación por parte de los Legisladores, la bancada del MPF acompañó la norma en general, pero hay ítems que no votaron a la hora de hacer la votación nominal.
Los dictámenes de las comisiones de Educación y Legislación General también fueron abordados hoy. Se trató, en primer término, el asunto que establece la actualización de las normas referidas a la cartografía provincial que están contenidas en la Ley provincial 403 – Cartografía provincial: Obligatoriedad de inclusión de las islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y sector antártico argentino. El asunto, de autoría del bloque del FPV – PJ, fue aprobado por unanimidad, en votación nominal como sucede habitualmente al tratarse de un proyecto de Ley.
Luego, el régimen del trabajador docente fue modificado a pedido del Ejecutivo fueguino. El dictamen, llegado de Educación y Legislación General, deroga el artículo 49 de la Ley provincial N° 631. La norma elimina el límite de 40 años como edad máxima para ingresar a la docencia. La Mandataria provincial, sostiene que el anterior articulado “establece limitaciones que se encontrarían en conflicto con el derecho a trabajar, de enseñar y aprender y el principio de igualdad, reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución nacional y en tratados internacionales con jerarquía constitucional”.
Pedidos de informes
En tanto, fueron aprobadas las resoluciones que solicitan información al Poder Ejecutivo y entes, sobre diversos asuntos. En primer término, el Parlamento aprobó el proyecto del MPF que solicita se reglamente la Ley provincial Nº 1.202 – Poder Ejecutivo Provincial: Adhesión a la Ley Nacional 26.873, promoción y concientización pública acerca de la importancia de la lactancia materna.
También, esa bancada pidió al Ejecutivo que reglamente la Ley provincial Nº 771 – SALUD: Fondo Provincial “Conciencia sobre el cáncer de mama” – Creación, institución de octubre como mes de la prevención del cáncer de mama.
Desde esa bancada, también solicitaron a la gobernación “informe sobre el estado edilicio de los establecimientos educativos, en todas sus modalidades y niveles del Sistema de Gestión Estatal”. En otro documento parlamentario, la bancada que preside la legisladora Mónica Urquiza solicitó se informe a la Cámara “sobre planta de personal de la Administración Pública provincial” en el que incluyen entes centralizados y descentralizados, autárquicos, sociedades del Estado y anónimas con capital mayoritario del Estado.
Por su parte, la conformación de la UCR–Cambiemos pidió al Ejecutivo informe sobre lo dispuesto en la Ley provincial N° 1.116 – Poder Ejecutivo provincial: Adhesión a la Ley nacional N° 27.043, que declara “de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan trastornos del espectro autista (TEA)”.
En tanto, las bancada del MPF y FPV–PJ en asuntos separados, dieron su mirada respecto de las asignaciones familiares y la intención del Ejecutivo nacional en su reducción a los valores aplicables en Tierra del Fuego y las provincias patagónicas. En principio, el MPF lo rechazó y el FPV–PJ hizo lo propio por “razones de ilegitimidad”. Ambas cuestiones fueron giradas a la Comisión de Legislación General.
En esta misma línea, el MPF expresó “su más honda preocupación” por el mensaje de la administración central por el proyecto de ley “tendiente a ratificar el convenio internacional para la conservación del atún del Atlántico.
