Hoy a las 11 en la Comisión Federal de Impuestos, los ministros de economía y los fiscales de estado de las 15 provincias beneficiadas con el fallo de la corte suprema, se reúnen para intentar ponerle un monto a la compensación que pretenden arrancarle al Gobierno de Mauricio Macri.
Del cónclave participarían además algunas de las provincias que no accionaron judicialmente el pasado mes de agosto.
Según el Ministro de Gobierno de la provincia, José Luis Álvarez, “hoy va a estar presente la provincia de Buenos Aires, obligada a tomar cartas en el asunto por los prejuicios fiscales, de acuerdo a las responsabilidades administrativas y políticas de las provincias”.
“En caso de que se pierdan recursos es responsabilidad de los gobernantes, en este caso, de la gobernadora Vidal”, advirtió el ministro por Radio Nacional Ushuaia.
Sin embargo, a priori esa posibilidad no estaba ayer en agenda de María Eugenia Vidal y del peronista cordobés Juan Schiaretti (de gira institucional en Madrid).
La administración de Vidal está por estas horas sumida en una negociación con el ministro de Hacienda nacional, Hernán Lacunza, en pos de cosechar una compensación que frene un desembarco de Buenos Aires en la Corte, siguiendo los pasos de las 15 que ya ven rendir los frutos de su avanzada. Pero había pesimismo ayer en despachos bonaerenses.
“Tierra del fuego tiene la idea original de que con toda la retracción sufrida, sumar los descuentos de la provincia, determinar si hubo un cese del descuento y reclamarlo por puntaje, quizá con algún ajuste, pero se tiene que consensuar con el resto de los ministros de las provincias”, dijo Álvarez.
El reclamo original de la provincia por IVA y ganancias estaba en el orden de los $420 millones, habría que hacer el cálculo correspondiente del porcentaje por mes.
“A idea es ir con un reclamo fuerte, Nación quiere que esto se tire para febrero, y no dar cumplimiento inmediato. Eso va a un proceso de conciliación y consolidación, y así se dilatan los tiempos”, aseguró el ministro.
Y agregó que “hay que analizar que el poder judicial no es el que tiene el conocimiento del presupuesto nacional ni donde están los recursos disponibles para cumplir una sentencia. No corresponde al poder judicial decirle que partida tienen que asignar”.
