Un informe privado advierte que los juicios se multiplicaron por 44 desde 2003 y alcanzaron su nivel más alto el año pasado. Mientras los accidentes se mantienen estables, crece el debate sobre los incentivos del sistema y el impacto en empresas y trabajadores.
Las demandas judiciales por accidentes de trabajo en Argentina crecieron más de 4.300% en las últimas dos décadas y alcanzaron en 2025 el nivel más alto desde la creación del sistema de Riesgos del Trabajo. Según un informe difundido esta semana, los juicios iniciados pasaron de 3.012 en 2003 a 134.131 el año pasado, lo que implica que se multiplicaron por 44.
El volumen actual equivale a más de 350 nuevas demandas por día hábil y posiciona al país entre los de mayor litigiosidad laboral en la materia. De acuerdo con las estimaciones citadas en el relevamiento, la Argentina registra alrededor de 132 juicios cada 10.000 trabajadores, una cifra superior a la de otros países de la región y de Europa.
Uno de los puntos centrales del análisis es que el crecimiento de los juicios laborales no guarda relación directa con una suba equivalente de los accidentes laborales. Por el contrario, los siniestros se habrían estabilizado e incluso mostrado una tendencia descendente en los últimos años, lo que reaviva la discusión sobre los factores que impulsan la judicialización.
Entre las causas señaladas aparecen la aplicación desigual de la Ley 27.348 —que estableció instancias administrativas previas obligatorias y la intervención de cuerpos médicos forenses— y los incentivos económicos vinculados a los honorarios periciales, que en muchos casos se calculan como porcentaje del monto de la sentencia.
Desde el sector asegurador sostienen que una parte relevante de lo que se paga en concepto de juicios no termina en manos del trabajador, sino que se destina a gastos de intermediación. A su vez, especialistas en derecho laboral recuerdan que el acceso a la Justicia es un derecho constitucional y advierten que cualquier reforma debe preservar la protección del trabajador.
En este escenario, el fuerte aumento de las demandas por accidentes de trabajo volvió a instalar el debate sobre la llamada “industria del juicio” y el impacto del sistema en los costos laborales, la formalización del empleo y la inversión.
