Por Edit Pouso –
La decisión de no adherir en Tierra del Fuego al régimen nacional de grandes inversiones expone una contradicción política que prioriza disputas ideológicas sobre una estrategia de desarrollo concreta, perpetuando un modelo estatal insostenible.
En el intricado tablero del desarrollo argentino, la implementación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) ha devenido en un termómetro de las voluntades políticas reales para alterar un statu quo económicamente agotado.
El caso de Tierra del Fuego resulta paradigmático: mientras la provincia y algunos municipios han instrumentado sus propios regímenes de atracción de capitales, la decisión de no adherir al marco nacional constituye una omisión estratégica de consecuencias profundas.
Este RIGI nacional, con su horizonte de estabilidad jurídica y beneficios fiscales por tres décadas, está diseñado para captar inversiones de una escala y en sectores que las jurisdicciones subnacionales, por sí solas, son incapaces de garantizar.
La lógica del mecanismo es acumulativa: un RIGI municipal, uno provincial y el nacional actuarían como una cadena de seguridad, alineando a los tres Estados en la creación de un ecosistema de certezas.
El caso fueguino, sin embargo, trasciende la mera ausencia de un instrumento. Evidencia una contradicción sustancial en el diagnóstico de la crisis.
Se reconoce, con acierto, la inviabilidad de un Estado provincial hipertrofiado, convertido en una «bolsa de empleo» que se deteriora a sí mismo con salarios pauperizados y una eficiencia quebrada.
Por tanto, se identifica la necesidad imperiosa de generar empleo privado genuino, anclado en las ventajas comparativas del territorio -su posición geoestratégica y sus recursos naturales- para evitar la volatilidad laboral.
No obstante, al rechazar la herramienta nacional clave para catalizar esas mismas inversiones, la política local incurre en una incoherencia. Se aspira a un desarrollo autónomo mientras se perpetúa una dependencia estructural de una administración pública financieramente quebrada, incapaz incluso de remunerar dignamente a sus empleados.
Esta paradoja no es meramente técnica; es profundamente política. Trasciende el pensamiento de la economía y supone una elección entre dos caminos: privilegiar una pulseada ideológica -el temor a los capitales concentrados o la defensa de un estatismo malentendido- o priorizar la creación de alternativas reales para una ciudadanía cuya única opción hoy es el empleo público degradado.
Un RIGI provincial aislado es un faro de baja potencia en un océano global de competencia por inversiones. Sin el marco nacional, se desaprovecha la oportunidad de enviar una señal contundente de seguridad a inversores que requieren previsibilidad para planes a largo plazo. El resultado es la consolidación de una «rueda enfermiza»: un Estado que, pretendidamente defendido, se implosiona desde adentro por su propia ineficiencia, mientras se rechazan las herramientas para aliviar su carga y dinamizar la economía.
La no adhesión fueguina, en definitiva, no es solo una medida de gobierno; es la expresión de una lógica política que, al resistirse a «abandonar la quinta», condena a su comunidad a un presente estancado y a un futuro de oportunidades perdidas.
