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Río Grande
21 de agosto de 2025

La justicia indaga a los 11 detenidos por el caso del fentanilo mortal del laboratorio HLB Pharma

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak comenzó a indagar a los detenidos por el caso del fentanilo contaminado con dos bacterias de la empresa HLB Pharma vinculado a la muerte de 96 pacientes. Las detenciones se produjeron anoche.

El escándalo por la producción de fentanilo contaminado involucra al dueño del laboratorio Andrés García Furfaro, su madre, sus hermanos y hasta su abuela de 88 años, todos con roles en la empresa al momento de la elaboración del lote adulterado. El fentanilo, producido el 18 de diciembre de 2024, causó alarma por su peligrosidad. La presidenta formal de la firma ese día era la abuela, actualmente detenida en su domicilio por su edad avanzada.

Junto al núcleo familiar, fueron detenidos otros responsables clave: el director general Javier Tchukran, directores técnicos de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, y autoridades de esas firmas. En total, once personas quedaron a disposición del juez federal Ernesto Kreplak. Las detenciones fueron realizadas en un operativo simultáneo coordinado por el Ministerio de Seguridad.

La causa se inició por pedido de la fiscal federal María Laura Roteta y el titular de PROCUNAR, Diego Iglesias, tras detectar desvíos de calidad en los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo. Estos medicamentos fueron comercializados con contaminación bacteriana y podrían haber sido desviados al mercado ilegal. El riesgo para la salud pública fue considerado grave.

Además de los responsables empresariales, la justicia puso la lupa sobre los organismos estatales encargados del control de calidad. El juez revocó al Ministerio de Salud de la Nación como querellante en la causa, al considerar posibles omisiones o complicidad de los entes reguladores. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas también se sumó al caso.

La investigación avanza bajo la figura penal de delitos contra la salud pública, por la adulteración de medicamentos. La fiscalía dejó abierta la posibilidad de sumar nuevos delitos a medida que avance la causa. El caso expone un entramado de responsabilidades privadas y estatales en una producción farmacéutica que terminó en un riesgo masivo.

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