El juez José Silvio Bocardo deberá resolver una medida cautelar en 48 horas tras ampliarse la participación en el expediente al SUTEF y a los sindicatos no docentes. La acción judicial busca garantizar el dictado de clases y advertir sobre daños irreparables en el aprendizaje.
El reclamo fue presentado por familias de la Escuela N° 32 debido a la falta de clases en Tierra del Fuego. El Gobierno provincial, demandado original, ya fue notificado, y ahora el juez incluyó a los gremios por su rol en las medidas de fuerza.
El abogado Francisco Giménez, representante de los padres, explicó que se destrabó una incidencia procesal común en estos casos. Señaló que, a partir de la semana siguiente, se notificarán también a los sindicatos, cumpliendo la orden del juez de integrar a todas las partes en el juicio.
Una vez completadas las notificaciones, comenzará a correr el plazo de 48 horas para que Bocardo se expida sobre la medida cautelar que podría obligar al Ejecutivo provincial a garantizar las clases en todo el territorio.
El contexto educativo es crítico: según Giménez, el proceso se demoró un mes por cuestiones procesales, y los alumnos podrían no alcanzar los 60 días de clase de los 180 obligatorios. Subrayó que muchos niños, especialmente los de quinto grado, arrastran déficit educativos derivados de la pandemia.
El juez, tras las notificaciones, deberá decidir si convoca a las partes a presentar un plan de acción o intimar directamente al Ministerio de Educación para garantizar la educación. Giménez indicó que, siguiendo antecedentes nacionales, la alternativa puede incluir fuertes multas a los funcionarios que no cumplan.
Los padres confían en la decisión judicial, pero advierten sobre la gravedad de la situación. Muchos chicos tienen clases limitadas a dos días por semana, y la interrupción prolongada del aprendizaje pone en riesgo su educación.
Giménez cerró advirtiendo que, si la justicia civil no logra resolverlo, la intervención del fiscal de Estado y eventualmente la justicia penal serán necesarias, dado que el daño a los alumnos es “absolutamente irreparable” y podría constituir un grave incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos.
