La Fiscalía de Estado advirtió que el sistema actual impide asentar información sobre las “desobligaciones” docentes y que los datos sobre las clases efectivas son solo generales, presentados como una “consolidación jurisdiccional” que varía según cada establecimiento.
Sin registro administrativo no hay descuentos
La Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego emitió el Dictamen N.º 10/25 tras denuncias de progenitores por la reiteración de las llamadas “desobligaciones docentes”, modalidad en la que los maestros se retiran tras cumplir media jornada.
En el informe se dejó asentado que la “desobligación docente no constituye un concepto reconocido ni respaldado legalmente” y que debe entenderse como “una modalidad de paro por horario determinado”. Por ese motivo, el organismo sostuvo que estas prácticas “son pasibles de descuentos de haberes para quienes adhieren a ellas”.
El dictamen también advirtió que, administrativamente, estas medidas no quedan asentadas: la Subsecretaría de Recursos Humanos informó que la figura “no está creada ni habilitada en los sistemas oficiales de novedades (…) y no correspondería su carga ni procesamiento”. En los hechos, esto implica que las desobligaciones no se pueden registrar y por ende no se descuentan.
Menos días de clase efectivos
Respecto del impacto educativo, la Secretaría de Gestión Educativa informó que “de los 88 días hábiles en el período del 1 de marzo al 31 de julio de 2025 (…) se contabilizaron 72 días de clases efectivos”. Además, indicó que “hubo 34 días que, a pesar de ser incompletos, superaron el piso mínimo horario de cuatro (4) horas reloj de jornada escolar”, aunque aclaró que la información “representa una consolidación a nivel jurisdiccional” y que “el grado de acatamiento a las medidas gremiales puede variar entre instituciones educativas e incluso dentro de ellas”.
Sobre las medidas compensatorias, la Fiscalía consideró que “las explicaciones brindadas no alcanzan para asumir que la cartera educativa haya emprendido, como correspondía, las acciones pertinentes con el objeto de garantizar el derecho de los estudiantes”.
Finalmente, exhortó al Ministerio de Educación a implementar acciones inmediatas y advirtió que “la reiteración del incumplimiento a lo indicado en el presente dictamen podrá dar lugar a las responsabilidades pertinentes producto de las acciones que los afectados puedan deducir en los órdenes administrativo, civil y penal”.
