El abogado defensor del juez reveló fallas críticas en la cadena de custodia de evidencias clave en el traslado del expediente físico desde Río Grande a Ushuaia. Cuestionó demoras injustificadas y advirtió sobre violaciones a derechos básicos. Además, aclaró que el pedido de licencia de Leonelli «es una decisión personal que no incide en lo jurídico».
El caso del juez Andrés Leonelli por supuesta tenencia de pornografía infantil enfrenta un nuevo capítulo de controversias tras la revelación de graves irregularidades en el manejo y traslado de pruebas solicitadas por la Justicia.
Gustavo Ariznavarreta, abogado defensor del magistrado, expuso en FM Master’s detalles alarmantes: un sobre con documentos clave llegó vulnerado y sin el material requerido, luego de nueve días de demora en un traslado que, según protocolo, debería resolverse en 24 horas.
El origen del conflicto vinculado al traslado de las pruebas desde Río Grande a Ushuaia se remonta al 2 de julio pasado, cuando la jueza María Cristina Barrionuevo, a cargo de la causa, cursó un oficio al Juzgado de Instrucción 2 de Río Grande, solicitando el expediente físico y soportes digitales vinculados a 52 imágenes que Leonelli habría gestionado durante su período como juez en esa ciudad (2015-2017).
La respuesta del titular actual, el juez Sahade, confirmó que los códigos alfanuméricos de las fotos coincidían con los de aquella causa. Sin embargo, el envío ordenado «con carácter urgente» llegó recién el 11 de julio a destino, en un sobre abierto y sin las pruebas digitales originales. «No tenían relación con las 52 imágenes que exigíamos», afirmó Ariznavarreta.
El letrado subrayó que el hecho configura al menos el delito de «violación de sellos y documentos» (artículo 255 del Código Penal) y exigió una investigación sobre el trayecto del sobre: «Debe determinarse quiénes lo manipularon y por qué se demoró». Cuestionó además la falta de registros sobre el contenido inicial de los tres dispositivos adjuntos -dos CDs y un DVD- y recordó un antecedente grave en la causa: la intervención ilegal del teléfono de Leonelli sin notificación a la defensa, lo que ya motivó la anulación de una prueba.
Ariznavarreta insistió en que, desde el 3 de julio, la jueza cuenta con elementos para archivar el caso: el informe de Sahade demostró que las imágenes provenían de una causa tramitada por Leonelli en Río Grande, donde se abrieron en una computadora judicial para evaluar su contenido. «Eran archivos subidos a la nube por trabajo, como ocurrió en otra causa similar cerrada sin allanamientos», comparó.
Sobre la posibilidad de que Leonelli solicite licencia, el abogado se desmarcó: «Es una decisión personal que no incide en lo jurídico».
La denuncia por el sobre violado, presentada por el propio magistrado, reactivó las críticas a la seguridad jurídica. «Trasciende a Leonelli; es un problema para cualquier ciudadano», alertó el defensor, quien descartó que las irregularidades beneficien estratégicamente a su cliente: «El 3 de julio esto ya estaba claro. Pedimos el cierre».
Mientras la Justicia investiga, el caso expone fisuras sistémicas que, según Ariznavarreta, son inéditas en sus 23 años de carrera. La jueza Barrionuevo deberá pronunciarse tras la feria judicial.
