Por Néstor Schumacher.-
La coparticipación es una discusión histórica entre municipios y gobierno provincial. Los que antes reclamaban a la provincia, en gestiones como la de Ríos y Bertone, hoy son los acusados de retener o demorar la transferencia de fondos. Si bien la pandemia ha llevado a cambiar el foco de discusión política y las prioridades, el conflicto persiste desde principio de mandato.
Nadie niega que los ingresos de la provincia se han visto afectados; haciendo que la provincia dependa principalmente de ayudas del tesoro nacional. A principios de abril se anunció desde Nación ATNs por 60.000 millones de pesos a repartir entre las provincias. La idea era “atender mayores demandas de gatos en un contexto de caída de la recaudación de tributos nacionales y provinciales” producto de la crisis sanitaria y social.
El 8 de abril, la provincia de Tierra del Fuego recibió una primera cuota de 244 millones de pesos, parte de los 732 millones prometidos por el tesoro nacional. En ese entonces, el gobernador Melella ordenó compensar obligaciones pendientes con los tres municipios. Así, se coparticiparon 61 millones de pesos, el 25% del monto recibido. No obstante, debemos hacer dos aclaraciones: los ATN no se devuelven, es una ayuda del Tesoro Nacional. El otro punto es que no son coparticipables, por lo que no corresponden al adelanto de la misma realizado previamente.
Si nos adelantamos al 19 de junio, el Gobierno de la Provincia publicó en el Boletín Oficial el ingreso de otros 98 millones, en una transferencia del 19 de mayo. Es decir, se publicó un mes después. Aquí es donde surge la pregunta: ¿Por qué un mes de diferencia entre ATN y publicación en el Boletín? ¿Hubo otra ayuda más en este período de tiempo? La gran incógnita es si la provincia seguirá distribuyendo los fondos recibidos del tesoro; en ese caso Ushuaia y Río Grande recibirían unos 11,3 millones de pesos y Tolhuin algo de dos millones.
Ahora con algo más de información sobre el estado de los ATN, resta saber si habrá reparto o no de los fondos. Desde el Partido Verde ya se le elevó un pedido de informes al Ministerio de Finanzas para que indique “los motivos de las demoras en la publicación de los actos públicos y la falta de publicación de compras o contrataciones en el momento oportuno que se efectiviza el acto.”
La discusión va más allá de los ATN. El titular de las finanzas de Río Grande, Diego López, indicó que “el Gobierno Provincial percibió cuatro transferencias equivalentes a $406 millones, de los cuales el Municipio de Río Grande, hasta el momento, recibió cero pesos. Para el municipio, serían algo de 50 millones.”
En esa misma línea, el municipio reclama a la provincia deudas de coparticipación y tributaria por 450 millones de pesos. Según López, “corresponde al 60% del mes de mayo y 100% de junio. Esto se suma a los definitivos de enero y febrero. El total de lo mencionado conforma un monto de $350 millones en coparticipación”. Además, “hay que sumarle los 100 millones de pesos de deuda tributaria.”
En Ushuaia la situación no es muy diferente: desde la Secretaría de Gobierno, el titular de la cartera Pablo García, sostuvo: “el intendente Vuoto ha expresado que entiende el contexto en el que estamos, pero lo que principalmente le pedimos a la Provincia es claridad en los números para saber dónde estamos parados, y después elaborar juntos un esquema de cómo nos ponemos al día con el tema de la coparticipación”. “De los 500 millones de deuda todavía no hay un esquema claro porque tampoco hay claridad en los números, sólo nos llega un goteo y uno no sabe a qué está imputado”.
“Preocupa la falta de certeza porque tenemos un compromiso fuerte con todos los vecinos y eso requiere de fondos. Hemos dado muchos beneficios, pero llega un momento en que necesitás de los ingresos”, enfatizó.
Analizando las declaraciones e información que circula, sin importar qué se pagó y qué no, claramente hay un problema a la hora de hacer llegar los fondos a los municipios. Cuando una demora es sistemática, ya no es una demora, sino un problema estructural. Hace años que se habla de una ley de goteo, a fin de dar cierta certeza y previsión a los municipios para saber cuándo y cómo contarán con los fondos.
Saliendo del debate de fondo y la necesidad de generar reglas claras de juego, hay otra cuestión: Melella fue uno de los principales afectados por el manejo discrecional de fondos públicos por parte de las provincias y, en más de una ocasión, se denunció la retención de fondos como “arma política”. Hoy el Gobierno Provincial hace lo que no le gustaba que le hagan: no se maneja de forma organizada con la coparticipación. Quizá sea porque la estructura de gastos de la provincia no permita ser organizado, y haya que juntar “de a monedas” para llegar a fin de mes o porque es una herramienta de presión demasiado valiosa para cederla. Sin embargo, el melellismo, que se jactó de ser distinto que los “otros” cae en los mismos errores y desaciertos que le criticaba a sus rivales. Parece que todos los políticos están destinados a tropezar con la misma piedra.
