La Corte Suprema dejó firme la condena del exministro por administración fraudulenta en la Tragedia de Once, que dejó 52 muertos. Tras más de una década de impunidad, las familias de las víctimas celebran un paso clave para una justicia independiente.
La Corte Suprema de Justicia confirmó este martes la condena contra Julio De Vido por su responsabilidad en la Tragedia de Once, un caso que simboliza cómo la corrupción estatal puede tener consecuencias mortales. Más de doce años después del choque del tren Sarmiento que dejó 52 muertos y más de 700 heridos, la decisión marca un cierre judicial parcial y una reivindicación para las familias que nunca dejaron de reclamar justicia.
El fallo del máximo tribunal, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejó firme la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia había sido dictada por el Tribunal Oral Federal N° 4, que ahora ordenó su detención inmediata.
De Vido, exministro de Planificación durante más de una década del kirchnerismo, fue hallado culpable de administración fraudulenta por no controlar el destino de los fondos públicos asignados a Trenes de Buenos Aires (TBA), la empresa concesionaria que mantenía un servicio en estado crítico. No fue condenado por el estrago culposo —la responsabilidad directa en el accidente—, pero la Justicia determinó que su negligencia y desinterés en el control fueron determinantes para la tragedia.
La lucha de los familiares de las víctimas fue clave para sostener el proceso judicial durante más de una década. En cada aniversario repitieron el mismo mensaje: “No fue un accidente, fue corrupción”. El fallo de la Corte refuerza esa idea, y devuelve una señal de que los delitos de corrupción también deben juzgarse por sus consecuencias humanas.
El exfuncionario deberá presentarse este jueves en Comodoro Py para concretar su detención. Por su edad —75 años— su defensa pedirá prisión domiciliaria, aunque aún debe resolverlo el tribunal.
Mientras tanto, el caso reaviva un reclamo más amplio: el de una justicia independiente, capaz de resistir presiones políticas y garantizar que los responsables —sean funcionarios o empresarios— enfrenten las consecuencias de su corrupción.
Más de una década después, el eco de Once sigue recordando que la impunidad también cuesta vidas.
