Retirados de la fuerza policial provincial denunciaron discriminación económica y situación de vulnerabilidad. Anunciaron la presentación de recursos de amparo para garantizar su sustento.
Walter Vargas, comisario general retirado, expuso en radio Aire Libre la grave preocupación que afecta a los policías retirados de Tierra del Fuego debido al incumplimiento en el pago de sus haberes previsionales.
El colectivo, que integra aproximadamente 500 miembros, se encuentra evaluando iniciar acciones legales contra la administración de la caja de jubilaciones, ante la percepción de una discriminación económica y la ausencia de respuestas oficiales que clarifiquen la situación.
Durante un encuentro con las esposas de los agentes, se manifestó un clima de angustia y desprotección, donde una de las presentes señaló que se sienten discriminadas y económicamente violentadas, al verse de improviso sin los fondos necesarios para cubrir las necesidades básicas del hogar.
Cuestionó además las recientes declaraciones del presidente del organismo, quien había descartado una crisis hace apenas unos meses, contrastando con la insostenible realidad actual.
La interrupción de los ingresos ha forzado a las familias a reestructurarse, recayendo la carga financiera principalmente en las mujeres. Un caso testigo es el de una de las cónyuges, quien, padeciendo problemas de salud, aseguró carecer de los medios para costear sus tratamientos médicos y los de su esposo, calificando la coyuntura como desesperante y demandando soluciones concretas.
Vargas recalcó que los retirados se sienten marginados de un sistema que ellos mismos ayudaron a construir y que debería brindarles seguridad económica tras años de servicio. Criticó la falta de soluciones adecuadas por parte de la caja y apuntó a una clara distinción en el trato entre el personal provincial y el territorial, lo que considera inadmisible.
El dirigente solicitó formalmente que las autoridades se presenten a dar explicaciones sobre lo ocurrido y detallen las medidas que adoptarán para resolver el conflicto.
La asamblea también sirvió para coordinar la presentación de acciones legales, incluyendo recursos de amparo de carácter alimentario, entendiendo que la disputa trasciende lo administrativo para convertirse en un asunto de supervivencia familiar.
Vargas finalizó aclarando que el propósito no es la confrontación, sino hallar una pronta resolución dentro del marco normativo, que reconozca su derecho y ponga fin a una incertidumbre que ya es insostenible.
