Por Silvana Minue.-
A partir del primero de abril, los alquileres dejarán de estar congelados, y volverán a habilitarse los desalojos, tras la finalización del decreto que estableció su suspensión durante un año por la pandemia.
«Vamos alzar nuestra voz para que se hagan respetar nuestros derechos, que alquilar no sea una necesidad sino un paso para una casa propia», indicaron desde la Asociación de Protección al Inquilino TDF al adelantar una movilización.
Desde la Asociación de Protección al Inquilino TDF sostienen que se solicitará que se extiendan los decretos nacionales «sino esto va a ser un caos social». Su presidenta Estela Maris Bianchini indicó a TIEMPO FUEGUINO que en su momento la medida del Presidente de la Nación de suspender los desalojos (Decreto 320/2020) fue «un paliativo, o un calmante» ya que «si no se podía salir a trabajar, no se juntaba para pagar el alquiler». El congelamiento de precios (Decreto 766/2020) junto a la Financiación de cuotas sin interés (Decreto 66/2021) fue un tranquilizante, «pero hubo muchos contratos que se regían por la antigua ley de localizaciones urbanas y se debía cumplir con lo que se establecía».
Ahora las expectativas no son las mejores con el fin de las suspensiones de los desalojos y los descongelamientos de aumentos en los alquileres de viviendas. «En 30 días nadie va a poder pagar las deudas, lo que va a generar un caos social, porque las inmobiliarias quieren terminar con el Decreto porque quieren subir los precios de los alquileres que están protegidos por el decreto y echar a la calle a las familias que no pueden pagar. Muchas deben un promedio de 150 mil pesos, y no pueden pagar los precios actuales, mucho menos van a poder pagar las subas que está planteando el Mercado Inmobiliario», sostuvo la Presidente de la Asociación de Protección al inquilino.
En este sentido «desde la organización recibimos mails, llamadas, mensajes de WhatsApp de muchos inquilinos preocupados porque reciben amenazas de desalojos de aumentos en los precios, de un nuevo contrato con aumentos sin respeto».
Por lo tanto, aseguró que «vamos a trabajar conjuntamente con las asociaciones y agrupaciones de protección para que se respete los derechos de los inquilinos. Tener una vivienda digna pasó a hacer un negocio, ya no es un alquiler, no puede ser que se pida 100 mil pesos para alquilar cuando hay viviendas que no están en condiciones y el propietario no cumple con los servicios básicos y no se cumplen en la seguridad del inquilino. Entonces vamos alzar nuestra voz para que se hagan respetar los derechos, que alquilar no sea una necesidad sino un paso para una casa propia».
«Siguen los problemas con los depósitos, continúan las discriminaciones a familias con hijos que buscan alquilar, hay propietarios que exigen y exigen, pero no pagan los impuestos provinciales y nacionales. Eso será una tarea de parte de los Inquilinos de denunciar a aquellos que no tienen su vivienda registrada en los organismos contralores y que se haga la multa. Hay una Ley de Alquiler y se debe hacer respetar porque es exuberante el dinero que se paga para habitar, pero se vive con miedo porque no se sabe si hay renovaciones de contrato o hay amenazas porque aparece el «sino te gusta te vas. Es una justicia», cuestionó Bianchini.
«Vamos a preparar una marcha, saldremos a la calle para que el estado provincial y municipal escuchen los problemas de los inquilinos porque pasamos toda la pandemia sin ayuda. Pedimos que se multen a las inmobiliarias que no cumplían con los decretos nacionales y se hizo oídos sordos. Los inquilinos trabajamos, destinamos todo el sueldo a pagar un alquiler y nos sacan el derecho a reclamar», finalizó.
