El Legislador Pablo Blanco se refirió al proyecto que desde hace más de un año se trata en la Legislatura para realizar estudios a funcionarios políticos electos, designados y de las Fuerzas de Seguridad, en búsqueda de consumidores de estupefacientes.
En contacto con Aire Libre FM el parlamentario relató que se trata de “un proyecto de ley que presentamos con el legislador Furlan (Ricardo, Frente Para la Victoria) y el Legislador Loffler (Damián, Movimiento Popular Fueguino) sobre fines del ante año pasado”.
Blanco explicó que cuando se comenzó con el análisis de este en Comisiones “estuvimos hablando con autoridades de la provincia del área de salud a efectos de ver de qué manera podía implementarse lo que solicitamos”.
“Nos encontramos con la novedad de que no es de muy fácil aplicación -dicho por las autoridades de salud-, sobre todo teniendo en cuenta que al control hay que hacer la prueba y la contra prueba. Y habría una serie de dificultades para llevarlo adelante” relató el parlamentario. Sin embargo, apuntó que “continuamos analizando la situación”.
Para Blanco lo importante es “garantizar es que se haga una ley que tenga cumplimiento efectivo y no que sea una ley para quedar bien hacia afuera y no tenga ninguna posibilidad de aplicación. O que la aplicación de la misma ponga en duda la correcta implementación”.
Blanco aclaró que, a pesar del análisis realizado por el anterior ministro de Salud, se encuentran recabando información “para ver de qué manera, de ser aprobada esta ley, puede ser puesta en vigencia”. El legislador agregó que debería tratarse de dos institutos diferentes en la realización de la prueba y la contra prueba del análisis a los funcionarios. “Teniendo en cuenta que en el medio se podrían o pudieran jugar algunos intereses en particular” aclaró.
Sin embargo, el parlamentario señaló que se sigue buscando la manera en que se pueda aprobar y poner en funcionamiento correctamente. “Que se garantice a cualquier ciudadano que se hace este examen, la imparcialidad y la tranquilidad de que lo que se hace, se hace correctamente”.
Consultado respecto de los antecedentes que existen respecto de estas iniciativas en otras jurisdicciones, Blanco señaló que “de la iniciativa si, de la aplicación concreta no he tenido información que esto se esté aplicando”.
Resaltó que el objetivo de la normativa es que tanto quienes cumplan funciones políticas electivas como designadas, y hasta un grado intermedio de las Fuerzas de Seguridad, se sometan a dicho control “para garantizar el no consumo de estupefacientes”, haciendo hincapié en que las mismas tienen dentro de sus funciones el control de estupefacientes en la provincia.
“Creemos que, independientemente de lo que se pueda decir, el flagelo de la droga hay que combatirlo de todos lados” remarcó Blanco. “Hay que garantizar de que quienes ejercemos la función pública estemos cumpliendo con toda la normativa” sentenció finalmente.
