Al respecto informaron que se trata de docentes que por distintas razones no cumplían tareas en el aula, afirmando que desde su notificación tendrán que volver a dar clases o no podrán percibir sus haberes.

Al respecto afirmaron que se detectaron una serie de irregularidades y abusos contra la administración “que generan una erogación de recursos que no llega al destinatario final, que es el alumno”.

“Entre esas distorsiones se encuentra un uso abusivo de la figura de la comisión de servicios, que permite que los docentes en lugar de estar frente al aula, realicen otro tipo de tareas de gestión, administrativas u otras no muy claramente definidas” expresaron.

Además de indicó que la provincia es la que cuenta “con mayor cantidad de docentes fuera del aula, con un 35,5%, por lo que a pesar de ser el distrito que más invierte por alumno, los resultados no terminan siendo los esperados”.

“A partir de la fecha sólo se autorizarán en los casos estrictamente necesarios y únicamente a través de Decreto” aseveraron.

De este modo queda establecido como política de Estado que quien percibe un salario docente esté efectivamente cumpliendo funciones con alumnos en el aula, y como ya sucede en el caso de las adscripciones, sea el titular del Ejecutivo el único que pueda autorizar algún tipo de excepción debidamente fundada, por plazos determinados y con objetivos claros y definidos.