Un 42% quiere mantener la prohibición total, pero casi la mitad aceptaría una regulación bajo condiciones estrictas. El 60% apoyaría la actividad si existieran tecnologías “ecológicas”. Sin embargo, tres de cada cuatro fueguinos no confían en que el Estado pueda controlar, el dato que más condiciona el debate.
Prohibición o regulación: una sociedad dividida, pero abierta a condiciones
Una encuesta provincial realizada entre el 20 y el 30 de noviembre, sobre 816 casos ponderados, muestra un escenario más complejo que el planteado en la discusión pública.
Si bien un 42% quiere mantener la prohibición vigente, casi el 50% aceptaría algún tipo de habilitación regulada. Dentro de ese grupo:
- 17% permitiría la actividad fuera del Canal Beagle, lagos y lagunas.
- 21% solo bajo sistemas en tierra con recirculación de agua.
Este hallazgo confirma que existe un sector mayoritario que no descarta la salmonicultura siempre que se garantice un nivel de control ambiental más exigente que el actual.
Tecnologías “limpias”: el factor que más flexibiliza opiniones
El aspecto que más modifica las posturas es la posibilidad de reducir los impactos ambientales.
El 60% apoyaría —o podría apoyar— la actividad si se demostrara el uso de tecnologías más limpias y seguras. La discusión deja así de ser puramente prohibicionista para transformarse en un debate condicional, basado en evidencia técnica.
La desconfianza en el Estado: el principal bloqueo
Pese a esta apertura, la encuesta revela un problema estructural: el 58% no confía “nada” en la capacidad del Estado para controlar y otro 17% confía “poco”.
En total, tres de cada cuatro fueguinos dudan de la capacidad de fiscalización estatal.
Es esta desconfianza —más que la actividad en sí— la que termina moldeando las posturas sociales.
Ushuaia y Río Grande: dos miradas contrapuestas
Las diferencias territoriales explican buena parte del conflicto.
Ushuaia: visión más ambiental y desconfiada
- 63% sostiene la prohibición total.
- 68% percibe un “riesgo muy alto” para el ambiente.
- 76% no confía nada en el Estado.
- Fuerte temor por impactos en turismo y actividades náuticas.
En la capital, riesgo ambiental y desconfianza estatal operan como frenos decisivos.
Río Grande: mayor apertura a un modelo regulado
- Solo 30% quiere mantener la prohibición.
- 45% apoya modificar la ley.
- 19% aceptaría cambios según condiciones.
- 47% cree que la actividad generaría empleo.
Aquí predominan las preocupaciones productivas y laborales, lo que vuelve más permeable la posibilidad de una regulación estricta.
Impactos y motivaciones
Para el total provincial, el impacto ambiental es el factor más determinante (41%), seguido por el desarrollo económico (24%).
Entre quienes rechazan, pesa el temor al daño ambiental y la incapacidad estatal.
Entre quienes aceptarían una regulación, priman la generación de empleo, ingresos fiscales y la evidencia tecnológica.
Un debate menos binario
El estudio muestra que la discusión social no es entre prohibir o habilitar, sino entre qué condiciones deberían cumplirse para modificar la ley.
La existencia de un bloque dispuesto a discutir una regulación y el interés por tecnologías más limpias indican que el eje del debate ya no es solo la prohibición, sino la capacidad del Estado de ofrecer garantías reales.
