BUENOS AIRES (Télam). – La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados formalizó ayer la convocatoria a un plenario para el próximo miércoles a las 14, con el fin de analizar un dictamen sobre tarifas que propone que los aumentos de servicios públicos se actualicen en base a la variación salarial, además de una rebaja del IVA del 21 al 10,5 por ciento.

La decisión de citar a la comisión de Presupuesto fue anunciada ayer por el presidente del interbloque oficialista, Mario Negri en la sesión especial impulsada por la oposición, y hoy publicada en la página web del cuerpo legislativo, con lo cual la próxima semana se avanzará en un despacho que contará con el respaldo de la oposición y el rechazo del oficialismo.

“No tenemos margen para evitar que salga el despacho de la comisión y no podemos seguir teniendo la cámara paralizada y sin poder sacar leyes claves para el gobierno, como la reforma del mercado de capitales”, dijo una fuente calificada de la cámara baja.

La evaluación que hace el oficialismo es que “la única alternativa que tienen es tratar en el recinto de sesiones el tema de tarifas, para poder retomar la agenda parlamentaria de Cambiemos, que solo se podrá hacer cuando haya culminado el debate sobre los aumentos de los servicios públicos”.

Las mismas fuentes señalan que ayer quedó claro que los bloques opositores tienen mayoría para poder sancionar una ley ya que casi todas las votaciones salieron 130 a 106 votos, con lo cual se podía trabar que tengan los dos tercios, pero no la mayoría.

Además de los bloques peronistas, se sumaron ayer a la propuesta de habilitar el debate sobre tablas los santiagueños que responden al gobernador Gerardo Zamora, y Evolución Radical, que conduce Martín Lousteau, que en muchas oportunidades respaldaron las iniciativas oficiales.

En ese contexto, la comisión de Presupuesto y Hacienda que conduce el macrista Luciano Laspina, se reunirá el miércoles para analizar el despacho de las comisiones de Obras Públicas y Defensa del Consumidor en base de una propuesta conjunta del peronismo y del massismo denominadas “tarifas razonables”.

El proyecto establece que las empresas proveedoras de servicios deberán generar un crédito a favor del usuario si las tarifas a partir del 1 de noviembre de 2017 aumentaron más que el índice de precios mayoristas del Indec o que los salarios, como así también, que se reduce el IVA de las facturas de 21% a 10,5%, y se elimina la alícuota especial de 27% de IVA para consumo de servicios públicos de PYMES.

Cambiemos repetirá los argumentos esgrimidos ayer por Laspina de que la oposición tendrá que “decir si se aumentan los impuestos o el endeudamiento” para cubrir el costo de los proyectos impulsados por los bloques opositores.

La baja de los subsidios para energía y transporte establecidas en el Presupuesto se calcula en unos 80 mil millones de pesos, que se cubren con un aumento de las tarifas de servicios públicos, donde el incremento más fuerte fue en la tarifa de gas, que es de un 40 por ciento, aunque el gobierno habilitó la posibilidad de un pago en cuotas, pero con intereses.

Pero en forma independiente de la discusión sobre el costo fiscal de los proyectos, el debate central como sucedió ayer estará centrado en la discusión de la política energética que instrumentó el kirchnerismo en doce años de gobierno y la actual política que instrumenta el gobierno de Mauricio Macri.